- Para la Fiscalía General de la República, este lunes 27 de septiembre vence el plazo para continuar el juicio contra 31 científicos y funcionarios pertenecientes al CONACYT y a Universidades, por fraude fiscal
- Aparente venganza personal del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, por haberle negado la comunidad científica grados académicos desde hace algunos años.
Pascacio Taboada Cortina.
Tremenda confusión se desató en la comunidad científica y académica de todo México, frente a la acusación a 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México, por haber cometido fraudes millonarios en los recursos federales canalizados por la Federación a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en administraciones pasadas y en la presente.
Este es un caso verdaderamente confuso de origen, en razón de que los investigadores y funcionarios se sorprendieron por la falta de identidad del órgano demandante, empezando por la directora general del CONACYT, María Elena Álvarez Buylla, quien afirmó ante la prensa “no saber nada de quién planteó esa demanda y con qué propósito”.
Después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo jueves 23 de los corrientes cuando se dio esa noticia, dejó entrever la posibilidad de la acusación y criticó acciones de corrupción, como lo hace de manera cotidiana en sus pláticas mañaneras; manifestó su anuencia para dar seguimiento a esa sospecha, incluso con uno de sus dichos: “el que nada debe, nada teme”.
Añadió que es injusto que científicos e investigadores mexicanos disfruten de reuniones en el extranjero y de banquetes en hoteles de gran lujo, con recursos que el gobierno canaliza para proyectos de investigación. Esto hay que considerarlo como “una muletilla del presidente”. No hay forma de comprobarlo, pero si un estudiante desea estudiar en el extranjero, son muchos los requisitos que tiene que cumplir. Primero, buenas calificaciones, hablar inglés, alemán o francés. Difícilmente los becarios obtienen su ingreso en Universidades del extranjero, solamente con una licenciatura.
Conforme transcurrió el tiempo el día señalado y en los siguientes, surgieron múltiples opiniones a favor y en contra de esa demanda. Un crítico envalentonado, fue el senador por Coahuila Armando Guadiana Tijerina, más parecido a un cazador de búfalos en tiempos pretéritos, que un capaz legislador del Congreso Mexicano.
Involucró al Senado de la República al señalar que se plantearía a la Unidad de Investigación Financiera, UIF, a cargo de Santiago Nieto, realizar investigación a los 31 científicos y señaló en particular a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Se nota que ese supuesto legislador por Morena y empresario de la industria del carbón, no sabe nada de leyes y nunca ha encontrado la Avenida Insurgentes hasta llegar al gran complejo académico de la prestigiosa UNAM.
De inmediato, el senador zacatecano Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se deslindó de las declaraciones de Guadiana y dijo que, como egresado de la UNAM, no tiene ninguna duda de lo que significa esta institución y que nada que ver con una acusación de la naturaleza de desvío de recursos fiscales. Destacó que “expreso mi solidaridad total con la comunidad científica. No puedo negar la cruz de mi parroquia. Soy (egresado y académico) de la UNAM”.
En su oportunidad, el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que “la Unidad de Investigación Financiera fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. No para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos”.
El Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, opinó que la acusación a 31 científicos mexicanos por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada, “es un despropósito de la Fiscalía General de la República”, y manifestó el rechazo de la UNAM a las indagatorias en ese sentido.
A su vez, uno de los centros de investigación y docencia más importantes de México, como es el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica) se pronunció por garantizar los derechos de los científicos mexicanos, en lugar de buscar intrigas a una comunidad que ha entregado gran parte de su vida en beneficio de México y de los ciudadanos de este país. Entre ellos se encuentra el ex director del CONACYT, Enrique Cabrero, actual investigador titular del CIDE. En el mismo sentido de defensa a la comunidad científica, se manifestaron autoridades de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Instituto Mora.
La Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, busca imputar los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, como si se tratara de personajes plenamente identificados con las mafias del narcotráfico o de otras muchas actividades ilícitas que él, como fiscal, debería perseguir y localizar. Es su obligación.
A esto, los abogados de los científicos han respondido que las acusaciones son un exceso; nada de tráfico de dinero o capitales. Todos los programas y apoyos de las instituciones académicas a estudiantes y becarios, cuentan en sus áreas de administración con toda la documentación y comprobación suficiente, sin que tenga que ver ninguna fiscalía, por más poderosa que se ostente.
En otros ámbitos de investigación, existe la posibilidad de que se trate de una venganza personal del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, por haberle negado la comunidad científica ingresar como Investigador de Tercer Nivel, por falta de méritos académicos desde hace algunos años. Entonces, surge otra línea de investigación que permitiría conocer si el señor fiscal, Gertz Manero, tiene conflicto de intereses.
Hay que señalar que el juez a quien se planteó la primera demanda para girar órdenes de aprehensión de los 31 científicos, la rechazó por falta de elementos contundentes de acusación. Se dio una nueva orden para reincidir en esa detención, misma que podría ser este lunes 27 de septiembre.
