Luis Fernando Hernández González.
Ya lo hemos dicho, que la base fundamental de un gobierno que carece de prospectiva y visión en materia de administración pública, muestra sus perceptivas debilidades, para el escalamiento de espacios superiores con que dar resultados positivos a su sociedad, con ello, tendrá necesariamente que utilizar otra serie de artimañas y enredos para de esta forma acerquen a una actitud popular y que mejor hay, que explotar el disgusto que aunado al resentimiento, otorgue una auténtica división y polarización entre mexicanos, entre pobres y ricos, buenos y malos, dóciles y rebeldes, preparados y analfabetas, conformistas y aspiracionistas, idealistas e individualistas.
De esta forma segmente y divide a la clase media, misma que cuando lo apoyó era muy buena e inteligente, ahora que la ha perdido dice AMLO que “sigan su camino”, son aspiracionistas que quieren “triunfar a toda costa”, son “hipócritas” y clasistas que ya no lo apoyan y crean su propia visión de la realidad a la que él en sus esquemas políticos aspira que él, vive al buscar someter a la sociedad con su raquítica visión de estado.
Es así, que el propio mandatario del país no pierde ocasión ni motivo alguno, para exacerbar esas manifestaciones de odio y aversión para mantener su llama ardiente de aversión y motivación a sus seguidores teniendo como base el odio y la antipatía, al ser motivada bajo dogma de resentimiento un amplio sector de la sociedad que ha crecido bajo la necesidad y el atraso de un analfabetismo político y social, sobre el cual sienta sus bases el actual régimen como estrategia de acción.
Los ataques y descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), se han transformado en iniciativas y reformas que tienen la clara intención de limitar y condicionar el financiamiento de dichas organizaciones. Al señalar que éstas al recibir apoyos de organismos extranjeros tiene como fin buscar la desestabilización de su gobierno.
Apuntando además con suma ligereza que los recursos que tanto personas físicas como morales aplican en su filantropía que no es dinero propio de ellos, sino que son recursos económicos que le pertenecen al estado, y que ellos utilizan para dar lustre a su bondad a costa de lo que son dineros públicos.
En su discurso, el mismo presidente ignora la dinámica de financiamiento y funcionamiento de la sociedad civil y desconoce que ya existen y se aplican múltiples mecanismos normativos y protocolos para la fiscalización de las actividades de las organizaciones no gubernamentales, que al final son complementarias en aquellas actividades que el mismo estado por diversas y variadas situaciones ha dejado de atender en las necesidades variables que demanda en atención la sociedad.
Cabe ser recordado, que fue en fecha 9 de junio de 2021, cuando a iniciativa de la senadora Nancy Sánchez Arredondo, del grupo parlamentario de Morena, presentó una propuesta legislativa con la finalidad de limitar y estigmatizar el financiamiento extranjero de las organizaciones de la sociedad civil. En particular, esta iniciativa señala que las OSC´s tienen que notificar cada donación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ésta deberá determinar que el destino no tiene fines de proselitismo o político electorales. La propuesta ignora que la sociedad civil ya informa sobre sus donaciones y es fiscalizada por el SAT. Por lo tanto, se corre peligro de que el procedimiento propuesto funcione como un medio de control político en lugar de un mecanismo de transparencia.
El problema de dicha reforma, conforme lo manifiestan diversos organismos civiles, es que parte de una visión coercitiva y disciplinaria sobre las OSCs y se contrapone con el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La exposición de motivos de la Iniciativa para reformar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada el 9 de junio de 2021 en la Gaceta del Senado, menciona que aquellas asociaciones civiles que reciben donaciones extranjeras y que son materia de esta iniciativa, atentan contra nuestro país desde dos vías; una desde las acciones que realizan en contra del Estado, y la otra desde los beneficios fiscales que se otorgan a los donantes.
Igualmente, notas de prensa han mencionado que las aportaciones a las donatarias autorizadas implicaron una pérdida para el fisco de 88 mil 792 mdp. Ambas declaraciones son parte de una narrativa para convencer a la ciudadanía y a la sociedad civil de que estas organizaciones representan un costo inadmisible y que esos recursos podrían dedicarse a beneficiar al pueblo. Para estudiosos de la materia fiscal, la cifra no sólo es engañosa, sino que ignora las contribuciones de la sociedad civil organizada.
Confrontar a la clase media del país, en el mismo tono desdeñoso, desafiar los servicios de la UNAM, ningunear a empresarios, medios de comunicación, intelectuales y hoy a los organismos de la sociedad civil, no es otra cosa que una actitud enfermiza de buscar el sometimiento plegado a un perturbación en el poder absoluto de la sociedad y la nación.
