José Guadalupe Robledo Guerrero.
Estamos iniciando el cuarto año del gobierno de López Obrador, y para estas fechas nadie, mínimamente informado, duda que el presidente de México tiene pactos secretos con el crimen organizado, con Enrique Peña Nieto, con el ejército mexicano y con algunos países de Sudamérica y el Caribe.
Por estos pactos, la delincuencia se ha apoderado de regiones enteras y sigue en expansión, en la medida en que MORENA domina nuevos territorios, se ha militarizado el país, la corrupción del pasado y del presente continúa, y de ahí se explica el apoyo a los regímenes fallidos y dictatoriales latinoamericanos.
Con el crimen organizado, es obvio que el pacto se hizo desde la larga campaña de 12 años que realizó López Obrador para llegar a la Presidencia. Por eso desde el inicio de su gobierno dejó claro que se terminaba la persecución al crimen organizado, y que su política con ellos sería de “abrazos no balazos”, y cesaron todas las hostilidades (si es que las había) del ejército y las policías contra los delincuentes.
La liberación de Ovidio Guzmán, el saludo a la mamá del “Chapo”, la lamentación presidencial por la condena de Joaquín Guzmán, los reconocimientos al buen comportamiento de los delincuentes y la oposición a que la DEA los detenga, son manifestaciones públicas y descaradas de ese mafioso pacto que solo han servido para entretener a la “oposición” que a cada rato las mencionan. Seguramente este pacto es muy redituable, pero no ha logrado terminar con la violencia, los asesinatos y los delitos.
En campaña, López Obrador calificó al ejército mexicano de criminal y se comprometió a sacarlo de las calles y mandarlo a los cuarteles. En 2019 AMLO delató -sin dar mayores datos- que se estaba organizando un golpe de estado del ejército en su contra, luego en 2020 volvió a jugar con esa peligrosa idea después de las duras críticas que recibió del general Carlos Demetrio Galván Ochoa en un desayuno de altos militares.
Posteriormente detuvieron en Estados Unidos al General Salvador Cienfuegos por proteger a narcotraficantes, y aprovechando la situación López Obrador le pidió a Donald Trump la extradición a México de Cienfuegos, y aquí desestimaron las acusaciones y lo dejaron libre. Después vendría la militarización del país, al encargarle al ejército no sólo la seguridad pública, sino la construcción de obras, el control de las aduanas y puertos, y todo tipo de encomiendas que antes eran desarrolladas por civiles. Desde entonces, AMLO al igual que Felipe Calderón, se presenta en los eventos oficiales acompañado de los jefes militares, a la usanza de Maduro, Díaz-Canel y Ortega.
Con Peña Nieto y su padilla de corruptos, está por demás claro que López Obrador no los ha perseguido -como fue su promesa- por los latrocinios que hicieron mientras “gobernaron” al país. Con excepción del encarcelamiento de Rosario Robles, que más parece una venganza personal que un proceso justiciero, y la reciente aprehensión de Emilio Lozoya por lo que se consideró una burla e inmoralidad su cena en un lujoso restaurante, ningún pez gordo ha sido perseguido y encarcelado.
Con respecto a las naciones afiliadas a la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), no hay duda que López Obrador mantiene pactos secretos, políticos, comerciales y de apoyo, porque aspira a convertirse en el líder de esos países, muchos de los cuales son gobernados por populistas con aspiraciones de dictador, con los que mantiene relaciones ocultas, que muy bien pueden explicar a dónde fueron a parar los 50 millones de vacunas que el gobierno mexicano dice que están en bodegas.
Mientras tanto, los politicastros de la partidocracia, continúan con sus acrobacias, saltos y malabares en el circo electorero, buscando realizar sus muy personales ambiciones políticas, más que resolver los urgentes problemas que afectan a los mexicanos. Pero eso parece ser el destino de la nación, a menos que…
Política aldeana
El pasado 4 de enero, en la columna “Bajo reserva” del periódico El Universal se escribió lo siguiente:
El búmeran de la seguridad pública
“Nos dicen que en Coahuila ven muy impaciente al subsecretario de Seguridad Pública -de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana- Ricardo Mejía Berdeja. Nos aseguran que don Ricardo, un lagunero expriista, experredista y que fue diputado local en Guerrero por Movimiento Ciudadano (MC), ahora quiere gobernar Coahuila bajo los colores de Morena, y ya ha comenzado a construir su camino hacia 2023. Uno de los puntos de la estrategia de Mejía para arrebatarle al PRI el único bastión que le queda en el norte del país, nos comentan, es criticar el trabajo del actual gobernador priista Miguel Ángel Riquelme en materia de seguridad. Sin embargo, nos hacen notar que ese plan podría convertirse en un búmeran que golpee en el rostro al funcionario federal, pues los niveles récord de inseguridad y violencia que vive el país no son precisamente la mejor carta de presentación de Mejía Berdeja, el segundo funcionario al mando de la seguridad pública del país.”
Entonces ya salió el peine. Este comentario explica de dónde salió el reportaje de El Universal, publicado en primera plana el 9 de diciembre con el título “Acusan a policías de élite de Coahuila de ser un cártel”, mismo que comenté en mi artículo del 12 de diciembre pasado.
Pregunta huérfana
¿Qué más están haciendo los gobiernos de los países expulsores de migrantes para proteger a sus connacionales de los malos tratos, la violencia y la mendicidad, además de mantenerse mudos, ciegos y paralíticos?
