Samuel Cepeda Tovar.
Me voy a remitir a una charla entre consejeros distritales, no como politólogo ni como ciudadano. En aquélla charla entre consejeros distritales de la 01 JDE del INE en Piedras Negras, discutíamos sobre algunas fortalezas y áreas de oportunidad del instituto y todos coincidimos en que la ciudadanización del instituto era su principal fortaleza.
Para ser vocal ya sea ejecutivo, secretario, de registro federal, capacitación, etc., la o el interesado debe someterse a una serie de evaluaciones de veras complicadas, en donde queda designado no el amigo de algún diputado, ni tampoco el hijo de familia adinerada, sino quien por sus méritos académicos y de campo se hace merecedor a una vocalía; lo mismo sucede hasta en los puestos temporales del INE, es decir, capacitadores asistentes y supervisores, quienes deben someterse a exámenes de conocimientos y después a una entrevista en donde son seleccionados para cumplir con sus deberes en cada proceso electoral.
No obstante, coincidimos también en que el área de oportunidad en que el INE debería trabajar es en la designación de su órgano superior de autoridad: el consejo general; y no es porque los consejeros carezcan de méritos, pues la LGIPE es bastante exigente en cuanto a los requisitos, el detalle es que estos consejeros no tienen que presentar ningún tipo de examen, sino acudir a una convocatoria y ser votados por dos terceras partes de la cámara de diputados para su designación.
Los pocos consejeros que conozco no son desconocidos entre la clase política; pertenecen a una élite en la que los legisladores resultan ser conocidos, es decir, esta selección obedece más a simpatías y a lucha de facciones en la cámara baja, pues desde luego que la mayoría partidista es quien decidirá quién o quiénes son las o los elegidos. El eslabón más débil en el INE, pues, es la designación política de los miembros del consejo general.
Por ello, lo que parece será la propuesta del presidente en materia político electoral buscaría que los consejeros fuesen designados por votación popular, lo cual, desde luego, me parece aceptable y pertinente, pues se alejaría considerablemente, más no definitivamente, del área de influencia directa de la Cámara de Diputados. La propuesta sería que la cámara propusiera a 20 candidatas o candidatos y que por votación del pueblo fueran electos, es decir, los ciudadanos tuviéramos el poder de decidir quién de los aspirantes debería ocupar un cargo en el consejo general del INE.
Para mejorar la propuesta, que los 20 seleccionados llegaran a ese escenario después de aprobar exámenes de conocimiento, experiencia y trayectoria y cumplir con los requisitos que ordena la ley electoral (LGIPE). De esta manera nos aseguraríamos contar con las y los 20 mejores perfiles meritocráticos y que el pueblo con su voto decidiera entre esos 20 los cargos que escalonadamente deben ser renovados en el consejo general del INE.
Nos aseguraríamos de la imparcialidad, el “sospechosismo” la objetividad y la posible manipulación de los consejeros por su designación 100% política como presuntamente ocurre actualmente y esto nos evitaría los roces del instituto con autoridades ejecutivas de los tres ámbitos de gobierno. Sí hace falta una intervención en el INE, pero que termine por ciudadanizar toda su estructura.
