Fernando Rangel de León.
Todas las reformas a la Constitución y a las leyes, que los legisladores hagan por el bien de las grandes mayorías, son bienvenidas; como la reforma eléctrica, que volverá a discutirse en un tiempo no muy lejano, pues tiene por objeto -entre otros- garantizar que el control de la electricidad lo tenga la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE); y la reforma minera, que ya se aprobó, tiene por objeto desarrollar la garantía constitucional de que el litio es de la nación.
Pero hay una reforma aún más importante que esas dos, porque las engloba: la reforma electoral, que tiene por objeto que esos legisladores representen leal y fielmente la voluntad popular y garantice que no va a ser traicionada, como acaba de ocurrir el pasado 17 de abril, en que 223 diputados -la mayoría de ellos plurinominales- se negaron a derogar la reforma eléctrica constitucional del pasado sexenio con la que se desplazó a la CFE, y dio preferencia a empresas privadas, nacionales y extranjeras, para la generación, conducción, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
Pues si esa reforma eléctrica propuesta por el actual régimen, busca defender el bolsillo de los usuarios del servicio eléctrico; la electoral busca que sean los votantes quienes elijan a sus representantes en el poder legislativo, y no los que designan los partidos; que los legisladores no sean una carga económica para el pueblo, y que su número se reduzca a los estrictamente necesarios; que el órgano encargado de las elecciones no sea el más caro del mundo; que los integrantes de estos órganos no sean demasiados y con sueldos muy superiores al del Presidente de la República; que no los designen los partidos sino el pueblo; y que no haya duplicidad de funciones del órgano federal y los órganos estatales, entre otros objetivos.
Por eso, la iniciativa de ley de la reforma electoral constitucional que el Presidente de la República, presentó en la Cámara de Diputados, el pasado 28 de abril, propone:
Eliminación de los diputados plurinominales.
Reducción de los diputados federales, de 500 a 300.
Reducción de los senadores, de 128 a 96.
Elección de consejeros y magistrados mediante voto popular.
Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos (hasta 9 regidurías de forma proporcional).
Eliminación del financiamiento público a partidos políticos que se entrega cada mes.
Posibilidad de implementar el voto electrónico.
Reducción del 40% al 33% de participación para que la revocación de mandato sea vinculante.
Reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral.
Ahorro de más de 20 mil millones de pesos.
Modificación a las excepciones para difundir propaganda gubernamental.
Creación del Instituto Nacional Electoral y Consultas (INEC).
Supresión de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Creación de legislación electoral única en el país.
Todas esas reformas responden al clamor mayoritario popular expresado desde el siglo pasado, y el cambio de denominación obedece a que además de lo electoral, el INE también organiza, prepara, desarrolla y vigila las consultas populares.
Por lo que conteniendo la voluntad popular, esas reformas deben ser aprobadas en la Cámara de Diputados, independientemente de la ideología de los partidos, pues lo que está en juego es el interés supremo de la nación: la representación popular.
