- El cambio de director no evitará la corrupción al interior de este organismo.
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 8 mil 600 millones de pesos.
- Hampa incontrolable en varias delegaciones estatales y regionales.
Pascacio Taboada Cortina.
El organismo “Seguridad Alimentaria Mexicana”, Segalmex, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su administración, apenas transcurridos tres años y meses de gestión, cambió a su director general, Ignacio Ovalle Fernández y, en su lugar, nombró a Leonel Cota Montaño, ex gobernador de Baja California Sur y actualmente secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto, frente a una corrupción incontrolable en varias delegaciones estatales y regionales. Así, Segalmex, “lejos de apoyar a campesinos de escasos recursos, desnutridos y sin apoyos crediticios, los sumió en la pobreza y desesperanza”, es el comentario de millones de afectados.
Desde el momento del nombramiento de Ignacio Ovalle Fernández, como director general de este organismo público, descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con funciones similares a las que tuvo en su tiempo la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) se tuvo la sensación de que continuaría la corrupción en los procesos de recepción de cosechas, comercialización de granos con aplicación de precios de garantía “castigados” por las normas de calidad estrictas.
Ignacio Ovalle Fernández, abogado de profesión, después de haber sido secretario particular del presidente Luis Echeverría Álvarez, ocupó la titularidad de la Secretaría de la Presidencia en el mismo Gobierno. En el siguiente, a cargo de José López Portillo, fue director general de COPLAMAR. Estuvo fuera del gobierno de Miguel de la Madrid, y regresó al servicio público durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, como director general de Conasupo.
En todos estos años, que fueron décadas, Ovalle Fernández acumuló una amplia experiencia en el sector público, sobre todo en la selección y control de personal, como para creer que fue descuido tanto mal manejo del presupuesto en los procesos de compra y venta de granos alimenticios, fertilizantes para el trabajo de los campesinos; mercancías que utiliza la gente modesta de los pueblos y algunas ciudades pequeñas o medianas, que son tantas con millones de habitantes, que se pierde la idea de la cuantía de fraudes en casi todos los estados de la República, donde se han denunciado fraudes sin que se sepa si los culpables han sido procesados penalmente o hayan “devuelto al pueblo lo robado”.
Ignacio Ovalle Fernández, luego de su sustitución en Segalmex fue nombrado por el presidente López Obrador, como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación.
Las irregularidades en el ejercicio del presupuesto y recursos de Segalmex, han ocurrido, por lo menos, desde hace más de dos años. Sin embargo, poco a poco han salido a la luz pública los fraudes de empleados y funcionarios del organismo. Uno de ellos, se refiere a la destitución, denuncia y procesamiento ante la Fiscalía General de la República, de tres directores de oficinas centrales de Segalmex, por irregularidades en transacciones comerciales y licitaciones. Las áreas administrativas señaladas, fueron las direcciones de Operaciones Comerciales de LICONSA y en la Unidad de Asuntos Jurídicos.
El mismo presidente de la República, durante el mes de febrero de este año, reconoció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 8 mil 600 millones de pesos en Segalmex, a través de sus áreas filiales de Diconsa y Liconsa. En esa oportunidad, el presidente se inclinó “por reunir todos los elementos acusatorios” y dijo que se estaba en proceso de investigación. Remató que “no podemos hacer juicios sumarios antes de contar con la información”.
En otra fecha, el 12 de abril recientemente pasado, un juez federal vinculó a proceso a René Gavira, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, por la presunta compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles, con valor de más de 100 millones de pesos, con recursos económicos propiedad del organismo Segalmex.
Por otra parte, diversos medios electrónicos y escritos de comunicación, dieron fe de un estudio de la Secretaría de la Función Pública, que detalla una serie de irregularidades en la contratación de servicios de empresas, entre ellas una que no cuenta con empleados dados de alta en el IMSS, y otra, denominada Micro Credit, que no cuenta con una licitación pública, registrada ante la Secretaría de la Función Pública, a la cual Segalmex entregó una cantidad de 245 millones de pesos.
Esta es la triste historia de una empresa del gobierno, que ha fallado no sólo al gobierno federal, sino que ha dejado en la “quinta chilla” a millones de familias campesinas.
