José C. Serrano Cuevas.
Ignacio Ovalle Fernández, de 76 años de edad, perfil idóneo para la gerontocracia de la 4T, es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); su primer cargo público fue el de jefe de oficina de Vendedores Ambulantes, adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob); el titular de la dependencia era Luis Echeverría Álvarez (LEA), quien lo nombró, posteriormente, su secretario particular.
Pasó con ese mismo cargo a la campaña electoral de Echeverría al ser postulado como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República. LEA ocupó la Primera Magistratura del país desde el 1 de diciembre de 1970 hasta el 30 de noviembre de 1976.
Ignacio Ovalle, de ser secretario particular, ascendió a subsecretario de la Secretaría de la Presidencia y titular de la misma del 3 de octubre de 1975 hasta el fin del gobierno de Echeverría Álvarez.
A partir de 1976, el presidente José López Portillo y Pacheco, nombró a Ovalle director general del Instituto Nacional Indigenista (INI), cargo del que fue removido el 21 de enero de 1977, a partir de esa fecha pasó a ser coordinador general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR).
En 1982, al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, Ovalle fue nombrado embajador de México en Argentina (1983-1987), posteriormente, sería embajador de México en Cuba hasta un año después.
En 1988, el presidente Carlos Salinas de Gortari lo nombró director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), iniciando con ello un proceso para liquidarla, poniendo a la venta sus activos, y cerrando sus tiendas al público, además de terminar con la adquisición de granos a precios de garantía a los campesinos.
Ovalle tuvo la genial idea de poner en marcha un subsidio al que denominó tortivale, que consistía en regalar un kilogramo de tortillas, diariamente, a familias consideradas en situación vulnerable. Tal iniciativa fue severamente criticada y considerada como populista y destinado a la compra del voto.
En consecuencia, le solicitaron su renuncia en 1990. Fue a parar con sus huesos al PRI, como secretario de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, que en ese entonces presidía el sonorense Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Entre 1977 y 2017 lo destetaron de la ubre generosa, conocida como presupuesto público. El 16 de agosto de 2018, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que, al iniciar su gobierno, nombraría a Ignacio Ovalle Fernández como titular del nuevo organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), constituido por la fusión de Diconsa y Liconsa, sucesoras de la desaparecida Conasupo. Permaneció en el cargo hasta el 19 de abril de 2022.
Por instrucciones de AMLO, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión el mismo 19 de abril a Leonel Efraín Cota Montaño, exgobernador de Baja California Sur, como director general de Segalmex, en sustitución de Ovalle Fernández. El remplazo se produce, cuando la entidad pública es sacudida por denuncias de irregularidades formuladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En un acto que despierta sospechas, Ignacio Ovalle Fernández fue designado por AMLO como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed), adscito a la Segob.
Los auditores gubernamentales han dado a conocer que, tan sólo en la cuenta pública de 2020 las posibles irregularidades detectadas por la ASF en Segalmex ascienden a 8 mil 600 millones de pesos.
Lo procedente, ante el tamaño del desfalco, sería separar del cargo a Ovalle Fernández, e iniciar un proceso de investigación que esclarezca el sombrío panorama en el organismo que tiene el encargo de promover la seguridad alimentaria y la nutrición.
La prisa con la que ocurrió el nuevo nombramiento de Ignacio Ovalle Fernández, pone en entredicho la incapacidad del primer mandatario para decidir reflexivamente y con apego a la legalidad.
