- Se propone que esas atribuciones las concentre la Secretaría de la Función Pública, incluido el gasto de las entidades paraestatales.
- De ser aprobada la reforma, convertiría a la Función Pública en juez y parte de las funciones que ha venido ejerciendo la Secretaría de Hacienda.
Jorge Martínez Cedillo.
El solo hecho de que el proceso de compras gubernamentales deje de ser una obligación exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se transfiera esta responsabilidad a la Secretaría de la Función Pública, confirma el desconocimiento de los principios de la administración pública.
Esta reforma abre la invitación a la desviación del presupuesto federal, por efecto del doble juego de supervisar las compras de bienes y servicios del gobierno federal y, al mismo tiempo, tener la facultad de la contratación de los mismos bienes y servicios de las dependencias del sector público.
Lo anterior se desprende de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, para analizar, evaluar y aprobar la transferencia de las funciones de contratación de bienes y servicios de las dependencias del sector público y que, desde inicio de esta administración, se venían ejerciendo como parte de las responsabilidades de la Secretaría de Hacienda, pasarían ahora a la de la Función Pública.
Los diputados en este caso particular, deberán considerar que, algunas de las principales atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, consisten en revisar y supervisar todas las compras públicas, sean de bienes o servicios, de manera que, de ser aprobada la reforma señalada, “sin quitarle ni una coma”, convertiría a la Función Pública en juez y parte de las funciones que ha venido ejerciendo la Secretaría de Hacienda.
La iniciativa de Ley considera la posibilidad de reducir los Órganos Internos de Control (OIC) que hoy son los responsables de fiscalizar el gasto en cada dependencia, pero, aclara, no es obligatorio que exista uno por dependencia, de ahí que ahora podrían agruparse “por sector, por materia, por especialización o por ente público e incluso podrían combinarse estos supuestos”.
En 2018, ya con el nuevo Congreso, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desaparecieron las Oficialías Mayores y se dio a la SHCP la atribución de controlar el presupuesto de todo el gobierno federal y realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas.
Ahora se propone que esas atribuciones las concentre la Secretaría de la Función Pública, incluido el gasto de las entidades paraestatales, con la excepción de lo concerniente a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
