● Un análisis de la industria formal reporta que una muestra de más de 10 mil envases vacíos de agroquímicos, de 110 empresas, arroja que 48% de estas carecen de registro sanitario.
● Los plaguicidas ilegales son una amenaza a la salud, medio ambiente y representa fuertes afectaciones económicas a la producción y competitividad agrícola.
● En reunión con la Cofepris, la Industria Formal de Protección de Cultivos planteó la urgencia de combatir la proliferación de plaguicidas ilegales.
Jorge Martínez Cedillo.
La Industria de Protección de Cultivos planteó un panorama muy preocupante a funcionarios de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, en relación a la proliferación de plaguicidas ilegales en el mercado y el campo mexicano.
En reunión con funcionarios de esa dependencia, el pasado 7 de julio, y con la participación del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, A.C. (UMFFAAC), expuso la gravedad de tres grandes problemas que afectan al campo mexicano y a los consumidores.
Los problemas son: la amplia existencia y disponibilidad de plaguicidas ilegales, cada vez más frecuente, en el mercado y la urgencia de asegurarlos; el robo creciente del transporte de productos legales que, sin un manejo adecuado, representan altos riesgos a la salud humana; así como la necesidad de acelerar la autorización de trámites y nuevas moléculas que permitan adoptar productos más eficientes y modernos para ser utilizados en la producción agrícola.
El presidente de la UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda, dijo que “estos problemas afectan a la cadena agroalimentaria que hoy es uno de los factores que incide en los aumentos en productos de la canasta básica y, con ello, el proceso inflacionario.”
González Cepeda dijo también que la reunión con funcionarios de la Cofepris “Fue positiva, pero es urgente avanzar en una serie de acciones, por parte de las autoridades, para enfrentar el problema de los plaguicidas ilegales y abatir el rezago en trámites que restringen importaciones de moléculas para que el mercado ofrezca productos más modernos y eficaces para la protección de cultivos”.
El presidente de la UMFFAACprecisó que otras acciones necesarias “Son avanzar en el aseguramiento de estos productos y facilitar todo el proceso administrativo que permita a la Industria Formal operar con eficacia y que se realiza siempre en apego a las diferentes normatividades existentes, en contraste con la industria informal que opera sin reglas, en la ilegalidad y cuyos productos representan una amenaza a la salud y al medio ambiente”.
González Cepeda también demostró el alcance que ha tenido la presencia de plaguicidas ilegales en el mercado al citar los hallazgos de un estudio, realizado en octubre del año 2020, en el que, a partir de un muestreo de más de diez mil envases vacíos de agroquímicos recolectados en 13 estados, se pudo identificar que fueron producidos por 110 empresas, de las cuales el 48% NO tenían registro sanitario coordinado, es decir, operaban en la ilegalidad.
Por su parte, Cristian García de Paz, Director de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología A.C (PROCCYT), destacó que el robo de plaguicidas “Es otro problema que contribuye a la producción y distribución de los productos ilegales, que, además, se promocionan en redes sociales con total impunidad, lo que requiere una acción urgente de las distintas autoridades para que actúen con eficacia y celeridad para evitar así las amenazas que estos productos tienen para la salud, el medio ambiente, la producción agrícola, así como para ofrecer alimentos sanos e inocuos”.
El presidente de la UMFFAAC enfatizó que “Los productos fitosanitarios son regulados en cada etapa del ciclo de vida de un plaguicida: desde los procesos de fabricación, formulación, transporte, comercialización, uso y hasta su disposición final adecuada, de modo que no se afecte la salud, ni al medio ambiente y que nos ayuden a producir más alimentos en el país”.
Finalmente, ambos directivos, de UMFFAAC y de PROCCYT, expresaron su disposición a seguir dialogando y colaborando con las autoridades sanitarias con el fin de extirpar un grave problema que exige ser resuelto porque lo que está en juego es la calidad y seguridad de los alimentos que consumen los mexicanos, la salud de los trabajadores agrícolas y la preservación del suelo y el medio ambiente.
