Samuel Cepeda Tovar.
Partamos de una pregunta simple: ¿qué esconde la autoridad en Allende, Coahuila, dentro de la nómina municipal? ¿Por qué se niegan a publicar la nómina con nombres y salarios? De entrada, el hecho de que ante una solicitud de información pública realizada por un particular se nieguen a entregarla argumentando razones fuera de lugar denota que algo turbio esconden.
Reza el viejo adagio que “el que nada debe, nada teme”, pero la autoridad en Allende se niega a entregar y publicar esta nómina que a todas luces es de interés colectivo por dos razones: la primera, es que los sueldos de todos los trabajadores de presidencia tienen origen en nuestros impuestos, es decir, somos los contribuyentes los que pagamos esos sueldos, y en segundo término, al ser los que pagamos tenemos derecho a saber a quiénes se les está pagando, a cuánto asciende el pago y cuál es la función que justifica ese pago.
No hay demasiada ciencia en ello y el negarse a entregar esta información solo denota un gobierno opaco, que no está haciendo algo bien tras esa opacidad y que además transgrede derechos humanos, pues el acceso a la información pública está consagrado en el artículo sexto constitucional en la sección de los derechos humanos.
Pero vayamos a la respuesta del sujeto obligado (el municipio de Allende), quienes en su respuesta para negar la información aluden a criterios de derechos humanos y la confidencialidad de la información, al respecto, les aclaro en esta columna a tan letradas autoridades que la información confidencial relativa a datos sensibles es la siguiente: Ideología: creencias religiosas, afiliación política y/o sindical, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas. Salud: estado de salud, historial clínico, enfermedades, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, etc. Características personales: tipo de sangre, ADN, huella digital, hábitos sexuales, origen (étnico y racial.) y Características físicas: color de piel, iris, cabello, señales particulares, etc., entre otros.
En ninguna parte de toda la Ley de transparencia nacional o locales se señala el cargo y remuneración como un dato confidencial y sensible, es absurdo que busquen escudarse en leyes cuya interpretación la realizan a modo de manera subjetiva e ignorante. La ley no admite interpretaciones, en todo caso las ambigüedades de la ley las resuelven los tribunales especializados como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no un sujeto obligado que solo demuestra con sus actos una alevosa intención de esconder información pública a como de lugar, generando suspicacias del por qué se atreven a llegar a tanto al violar derechos humanos.
Este nuevo gobierno alardeó mucho que era diferente, pero no es más que una extensión perniciosa de la pasada administración que se caracterizó por los acuerdos en lo oscurito y que en dichas tinieblas pretenden esconder las autoridades actuales información que nos pertenece a los allendenses.
El ICAI me ha dado la razón y ha ordenado a la autoridad entregarme la información, los 10 días para que venza el plazo están por terminar y ojalá que la administración acepte su derrota y entregue al pueblo lo que es del pueblo: la información de quienes trabajan para nosotros. Esperemos cumplan la ley y no sigan hundiéndose de manera ignominiosa en la ilegalidad y la opacidad que tanto daño hace al desarrollo de nuestra sociedad.
