José Guadalupe Robledo Guerrero.
El presidente López Obrador insiste que mediante un acuerdo presidencial, que anunciará el próximo 16 de septiembre, la Guardia Nacional dependerá de las fuerzas armadas, aun cuando sea una violación a la Constitución y represente seguir militarizando al país; por eso los analistas se preguntan dónde quedó el candidato presidencial AMLO que decía que el ejército no debía estar en funciones policiacas, y prometía que llegando a la presidencia los militares volverían a sus cuarteles.
Después de que la Coalición del PRI, PAN y PRD impidió que se aprobara su iniciativa de Reforma Energética, AMLO se radicalizó y decidió imponer sus proyectos por la vía de decretos y por encima de la legalidad.
Esto cobró mayor importancia, luego que la alianza “Va por México” señaló que tampoco votarían las iniciativas presidenciales pendientes, que tienen que ver con las reformas al INE y a la Guardia Nacional, y por sus pistolas, López Obrador insiste que la Guardia Nacional debe estar al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De todos modos, AMLO enviará al Congreso de la Unión su reforma sobre la Guardia Nacional, y si no es aprobada por los diputados, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determinará si es inconstitucional o no, pero mientras tanto en la práctica será la Sedena de quien dependa la Guardia Nacional, y quizás el próximo presidente sea quien decida quitarle al ejército el mando de la institución policiaca.
Lo preocupante del caso, es que debido a la estrategia de “Abrazos no balazos” el ejército ha abandonado la lucha en contra del crimen organizado y ha sido ocupado en otras labores, por tal razón, los criminales se han apoderado de grandes territorios, más de la tercera parte de México está en manos de la delincuencia organizada, los sangrientos eventos que se dieron esta semana en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, son ejemplos de esta situación.
Hay que señalar que en estos eventos, los criminales incendiaron y asesinaron a empleados de los Oxxo, propiedad de uno de los enemigos de AMLO, José Antonio Fernández Carbajal “El Diablo”, y que esos sangrientos sucesos se protagonizaron en estados que gobierna la oposición a Morena. ¿Casualidad o pacto con la delincuencia?
A pesar del fracaso que por décadas ha tenido el ejército en el combate al crimen organizado y que la incorporación a la Sedena de la Guardia Nacional es una violación a la Constitución, López Obrador advirtió su intención de que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina sigan contribuyendo a la seguridad después de 2024, luego de que termine su gobierno.
La falta de respeto por la legalidad del presidente López Obrador ha cundido entre los suyos, por eso los morenistas no respetan las leyes del INE, y se pasan por el arco del triunfo sus ordenamientos, así lo han hecho en todo el país.
También es verdad que los acuerdos o decretos presidenciales no están por encima de la Constitución, pero AMLO cree que sus decisiones están al margen de la ley, ya lo dijo en sus mañaneras electoreras: “No me salgan con que la ley es la ley”. Quizás por eso, los aspirantes gubernamentales de Morena no aceptan que los actos anticipados de precampañas, que son campañas adelantadas, están prohibidos por el INE.
Lo cierto, es que en su propósito de convertirse en héroe nacional, López Obrador sigue en campaña desde la presidencia de la república. También es verdad que los ciudadanos guardan silencio, ningún sector se ha pronunciado en contra de la militarización, y la realidad pone a los mexicanos entre el ejército y el crimen organizado.
Por tal motivo, no hay que dudar que pronto los militares volverán a ser gobernadores y legisladores, anulando la decisión de Lázaro Cárdenas de sacarlos del poder civil…
Política aldeana
Con motivo de la tragedia de los diez mineros atrapados en el pocito de Sabinas desde hace 11 días, el rescate de los infortunados sigue en la incertidumbre, sin que se sepa cuando los sacarán. Ante el silencio de todos, dos voces de coahuilenses se han escuchado invocando la justicia. La diputada local Yolanda Elizondo Maltos propuso la desaparición de los pozos mineros, la inspección y vigilancia de las minas, el cumplimiento del marco jurídico, la aplicación de sanciones por falta de seguridad y la cancelación de las concesiones mineras a los irresponsables. También el diputado federal, Jaime Bueno Zertuche, señaló que el Congreso de la Unión debe impulsar leyes para evitar la extracción minera en condiciones inseguras. De todos modos, para la 4T, la región carbonífera, que antes era un reducto y negocio priista, será el lugar en donde se triangulen los recursos millonarios a la campaña de Morena para gobernador de Coahuila en 2023.
Preguntas huérfanas
¿Qué tiene que ver Jorge Luis Morán Delgado en la corrupción de la minería del carbón?
¿Será cierto que Aleix Sanmartín, experto en difamaciones electoreras, ya se encuentra “trabajando” con uno de los aspirantes de Morena al gobierno de Coahuila?
¿Qué tan cierto es que el sicario Alberto Campos Olivo se registró para sustituir en el Instituto Electoral de Coahuila a su presidenta Gabriela de León Farías?
¿Será verdad que el PRI ya tiene una aspirante presentable ahora que Beatriz Paredes Rangel ha dicho que quiere luchar por la presidencia de la república?
¿Qué tan cierto es que el pasado 28 de julio, en la fiesta de cumpleaños de Humberto Moreira Valdés, estuvieron presentes Elba Esther Gordillo, Eduardo Olmos Castro, Tereso Medina Ramírez, Román Alberto Cepeda González, y otros semejantes?
¿Por qué las autoridades de los tres niveles de gobierno insisten en ocultar el verdadero nombre del dueño del pocito derrumbado?
