Fernando Rangel de León.
Alrededor de 92 mil presos en las cárceles del país, están enfrentando su proceso con base en la prisión preventiva que se les decretó como presuntos responsables penales de un delito que tiene señalado en la ley pena de prisión, a quienes no se les ha dictado sentencia definitiva que los absuelva o se les condene a seguir en prisión en cumplimiento a esa resolución final; no obstante que en la mayoría de los casos tienen ya más tiempo presos que el señalado como máximo en el delito que se les imputa; es decir, algunos ya se pasaron.
Pero muchos acusados están con prisión preventiva por delitos como homicidio doloso, violación, feminicidio, secuestro, narcotráfico, delincuencia organizada, y otros graves; que al soltarlos serían un peligro en las calles para la sociedad y pondrían en riesgo la estrategia de seguridad para el país implementada por el gobierno de México, para acabar con la violencia y la inseguridad que está azotando a la sociedad en algunas partes de la República, y que los mexicanos todos estamos clamando porque ya acabe cuanto antes.
La prisión preventiva tiene su razón de ser en que un presunto responsable penal no evada la acción de la justicia, cuando hay indicios probatorios de que ha cometido un hecho delictivo y sea llevado ante su Juez para que responda; teniendo todo el derecho del mundo de defenderse por todos los medios, habidos y por haber, no para demostrar su inocencia, la cual se presume porque es un derecho humano que está garantizado en la Constitución; sino para desvirtuar las pruebas de cargo de la parte acusadora el Ministerio Público, para echarlas abajo y obtener su libertad.
Pero ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, con el pretexto de defender el derecho humano de la presunción de inocencia, quiere que la prisión preventiva desaparezca o solo se aplique a unos pocos delitos; lo que ha decepcionado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien acaba de reconocer públicamente que se equivocó al haber propuesto como ministros de la SCJN, a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yazmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos-Farjat, y Loretta Ortíz Ahlf; quienes probablemente votarán en contra de la prisión preventiva; pues “ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Actúan más en función de los mecanismos jurídicos”.
Es que el Primer Mandatario, cuando están en conflicto el Derecho y la Justicia, él se decide más por ésta que por aquel; tal y como reza el cuarto de Los Mandamientos del Abogado, del jurista uruguayo de ascendencia francesa Eduardo J. Couture; pues entienden que el Derecho nada más es un camino para llegar a la Justicia, que es su fin.
Por su parte el abogado Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal, atinadamente ha declarado que con la derogación de la prisión preventiva no solo se regresaría a la “puerta giratoria” por la que los presuntos delincuentes entraban y salían muy fácilmente, sino que ahora “la puerta estaría abierta”.
Ojalá y que este y otros comentarios en este mismo sentido sensibilicen a los ministros de la SCJN, y vean afuera de su “torre de marfil”, a los de a pie, a toda la sociedad de México, que ya no quiere más violencia en las calles.
