Fernando Rangel de León.
Esta segunda semana de septiembre, fue benéfica para la seguridad pública; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, Luis María Aguilar Morales, retiró su proyecto de sentencia en las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos senadores; en el que se pretendía interpretar el artículo 19 Constitucional, para hacer modificaciones a la prisión preventiva; para presentarlo con posterioridad eliminando algunos puntos y adicionándole aspectos en pro que lo atemperen; después de escuchar voces autorizadas de los jurisperitos y ver la realidad objetiva.
Este retiro de proyecto de sentencia se debió a la presión que ejercieron por distintos medios muchos grupos sociales que sintieron amenazada su seguridad pública con que el Ministerio Público y los jueces, no tuvieran encarcelados a los presuntos responsables penales en la comisión de delitos como homicidio doloso, violación, feminicidio, secuestro y otros delitos graves; mientras se les sigue en libertad el proceso en los juzgados; y se liberara a los que tenían prisión preventiva; dejándolos ir a la calle con el riesgo de que vuelvan a delinquir; pero sobre todo, el retiro del proyecto obedeció a las fuertes críticas del Presidente de México, a los ministros de la SCJN, en el sentido de que si atentaban contra la prisión preventiva se estaban oponiendo a la transformación que requiere el país, en la estrategia de seguridad; además de que senadores, diputados, gobernadores, dirigentes de partidos, líderes, gran parte de la opinión pública, etcétera, se pronunciaron en favor de la prisión preventiva.
Ahora la Cámara de Senadores, con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la del senador Ricardo Monreal Ávila, a quien el Presidente de la República, criticó por estar “avalando la falsedad y la politiquería del conservadurismo”, aprobó reformas a la ley para que la Guardia Nacional GN, esté adscrita en lo administrativo y operativo a la Secretaría de la Defensa Nacional, sin perder su razón de ser que es la seguridad pública, con funciones de respuesta policial inmediata ante cualquier circunstancia, de proximidad social, y de respeto absoluto a los derechos humanos.
Para eso en el Heroico Colegio Militar, ya están por graduarse las primeras generaciones de elementos de la GN, con preparación profesional sobre derechos humanos y seguridad pública.
Esto ha desatado nuevamente la jauría de quienes, citando una frase echeverrista, “están en contra de todo y en favor de nada”; criticando que lo que está haciendo el Primer Mandatario, es la militarización del país, que está dejando a los militares en la calle; después de que él en campaña prometió regresarlos a los cuarteles; cuando la realidad es que cuando el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y su sucesor Enrique Peña Nieto, echaron los militares a la calle a combatir a la delincuencia organizada, lo hicieron sin que sus funciones de seguridad pública y de respuesta policial en la vía pública, estuvieran normadas en leyes, como ahora sí lo están con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
