Samuel Cepeda Tovar.
Es un serio dilema que puede ser analizado desde diversas aristas que lo vuelven cada vez más complejo; en primer lugar, se encuentran los Derechos Humanos, en segundo lugar, la corrupción en el poder judicial y, finalmente, la necesidad de atender delitos graves consagrados en la constitución.
La posibilidad de declarar inconstitucional el artículo 19 de nuestra carta magna puede ser un avance y al mismo tiempo un retroceso. Dicho artículo señala las causas por las cuales se impondrá a una persona la prisión preventiva oficiosa, o, en otras palabras, cárcel momentánea para evitar fugas de personas acusadas de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas y explosivos y otros delitos graves y al mismo tiempo protección a las víctimas de estos delitos.
Se ha señalado que dicho artículo viola preceptos de Derechos Humanos tales como libertad personal y presunción de inocencia, y ciertamente así es, pues se supone que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha manifestado su postura al afirmar que eliminar la prisión preventiva de la constitución fortalecerá el debido proceso y la progresividad de los Derechos Humanos, lo cual también es cierto, pues basta recordar a Antonio Zúñiga, el presunto culpable de homicidio condenado a 20 años por un delito que al final se comprobó nunca cometió.
En la actualidad, de 226 mil 916 personas privadas de su libertad, 92 mil 595 se encuentran en prisión preventiva, es decir, sin pruebas que determinen su culpabilidad, por ello, se considera un avance en materia de Derechos Humanos la posible derogación de la prisión preventiva, sin embargo, los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar reticentemente que algunos jueces son corruptos y pueden aprovechar esta derogación para liberar a delincuentes mediante sobornos tampoco está tan fuera de lugar y es el riesgo que se corre; y es que tan solo el año pasado (2021) fueron denunciados 11 jueces y 14 magistrados ante la Fiscalía por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Históricamente solo ha caído uno de ellos en 2019 acusado de nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación a pesar de las múltiples denuncias por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
Lo antes señalado plantea un dilema complicado, pues es cierto que en México las cárceles están llenas de inocentes porque legalmente es válido aprisionarlos, pero también la idea de que jueces corruptos dejen salir a delincuentes por falta de la prisión oficiosa resulta inquietante.
Lo ideal es fortalecer a una fiscalía que tenga la capacidad de investigar y sostener pruebas sólidas y un sistema de seguridad pública que asegure que los sospechosos no huyan y se escondan de la justicia, además de aplicar mayores controles de confianza a los miembros del poder judicial, para evitar actos de corrupción que terminen generando desconfianza en quienes se supone se encargan de impartir justicia, y con todo eso garantizar el pleno goce de los Derechos Humanos de todas las personas en este país.
