Luis Fernando Hernández González.
Para expertos en economía, la realidad del país con su gobierno de corte populista, difícilmente logrará el éxito que busca y como consecuencia de ello, todo visualiza que los objetivos y metas por alcanzar estarán contempladas única y exclusivamente en función del crecimiento económico que se experimente la economía nacional, para poder dar respuesta a las necesidades que la población del país manifiesta y resiente.
De ahí el por qué sin una taza de crecimiento anual del PIB de 2% no salvará a los pobres, al necesitarse un 5% como mínimo para poder atender las necesidades crecientes de una población que ve incrementarse el volumen de pobreza, conforme lo diagnostica el mismo CONEVAL, como órgano evaluador de las políticas públicas para atender los distintos niveles y necesidades que se manifiestan en cada una de sus mediciones de carencia social para el desarrollo.
Por eso llama la atención que uno de los funcionarios del aparato de estado mexicano como lo es el secretario de Relaciones Exteriores, sostenga en un foro con la comunidad económica europea, que la economía nacional el año próximo, su comportamiento será de crecimiento superior al 2%, al asegurar que nuestra relación como nación a la figura del crecimiento estará propiciada esto por nuestra correspondencia con Canadá y Estados Unidos, misma que contribuirá para acelerar el desarrollo económico de México y su PIB y así crecer más del 2% anual.
Bajo información calificada y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía mexicana crecerá 2.1% anual en 2022, 2025, 2026 y 2027, mientras que en 2023 y 2024 apenas 1.2% y 1.8%, respectivamente.
Bajo estas tasas de crecimiento, al no ser de contenido estratégico las políticas económicas que impulsa el estado mexicano por ahora, no serán de ninguna manera suficientes, realistas y eficaces para mejorar la situación de los millones que hoy son pobres y que con toda probabilidad morirán pobres, aún bajo los sueños político-populistas de quienes se dice luchar por ellos, para aliviar su pobreza en sus discursos propagandísticos generadores de odio e inquina en el comportamiento social.
Estas voces calificadas en materia económica señalan que desde hace años no abonan a expresarlo lo que el gobierno no desea escuchar, que es para remediar el problema crónico de la pobreza la economía debe crecer entre un 5% y 7% cada año, ininterrumpidamente, lo que se ve casi imposible.
La última vez que el PIB creció más del 5% fue en 2010, cuando registró un aumento de 5.12%, resultado del rebote que registró la economía después de desplomarse 5.29% en 2009 como consecuencia de la crisis económica mundial que empezó un año antes en EEUU.
Al informarnos sobre el comportamiento económico nacional, nos damos cuenta que en los últimos 40 años que han transcurrido desde 1982, el PIB de México solo creció más del 5% cinco veces, en 1990 (5.21%), 1996 (6.77%), 1997 (6.85%), 1998 (5.16%) y 2010 (5.12). Lo peor es que en ese mismo periodo registró nueve decrecimientos anuales: 1982 (-0.01%), 1983 (-4.365), 1986 (-3.71%), 1995 (-6.29%), 2001 (-0.40%), 2002 (-0.04%), 2009 (-5.29%), 2019 (-0.20%) y 2020 (-8.06%).
Desde hace tiempo atrás a principio de este año 2022, el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, como también exsecretario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría, sostuvo que el crecimiento económico que necesita México no es del 2%, es cuando menos del 5% sostenido en una o dos generaciones enteras, para poder recuperar el tiempo y los espacios sociales perdidos y de esta manera reducir las desigualdades existentes que hoy resultan enormes, conjugándose con políticas de inversión extranjera estable y predecible que atraigan capital para activar la economía de la nación.
Por supuesto que no se vislumbran medidas económicas que propicien la inversión y estimulen el dinamismo que sea generador de riqueza productiva y social para un crecimiento, bajo el cual los múltiples factores de la estructura económica que requieren ser impulsores en sus distintas y variadas potencialidades que demanda con urgencia la economía del país y su sociedad, para de esta manera poder dar respuesta a atrasos y rezagos que cada día se manifiestan con mayor crudeza en la sociedad.
Y menos ahora cuando la Cámara de Diputados, con estas medidas que se plantean como lesivas al ahorro de jubilados y adultos mayores que disponen de sus modestos ahorros anti contingencias en su vida, cuando vemos que la legislatura federal en la Cámara de Diputados, aprobó este martes la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, de modo que los recursos “abandonados” en cuentas bancarias serán tomados por el Estado para destinarlos a la seguridad pública.
Es decir, aquellas cuentas bancarias que cumplan tres años sin movimiento serán consideradas abandonadas, de modo que el dinero, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan, señalaron los diputados federales.
Esto solo propicia temor angustia y zozobra ante una sociedad que vislumbra un mayor caos e incertidumbre en su pobreza tanto en su economía social como familiar.
