Luis Fernando Hernández González.
Sin duda alguna los escenarios de la sociedad bajo la óptica del análisis cada día son variables; de esta forma las reformas integradoras que ayer eran sustantivas y válidas para proyectar y construir objetivos generales, hoy la realidad los presenta como débiles, frágiles e insustanciales para verificar esquemas que den sentido a esta nueva sociedad que exige de respuestas de una mayor visión en la organización de la población en general.
Bajo el criterio obsesivo que hasta ahora ha puesto en práctica el gobierno centralista del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el cual son por demás conocidas sus intenciones antidemocráticas no solo al busca someter a su particular arbitrio al órgano electoral como es Instituto Nacional Electoral (INE ), sino también las funciones que le dan carácter de institución organizativa de la vida electoral ciudadana bajo criterios de claridad, equidad, imparcialidad, certeza y transparencia electoral; lo mismo que al pretender tener injerencia aviesa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) y poder someter a criterios ajenos sus decisiones de justicia electoral.
Ante ello se muestra la fragilidad de la vida democrática de la nación y decidido a ello, el proyecto anti ciudadano del gobierno federal y el estado, mismo en el cual se finca la tarea de acotar la participación política de los ciudadanos mexicanos; al restringir sus avances organizativos y con ello la perdida de la libertad, al platear una iniciativa de reforma política que conlleva a una reforma constitucional al aparato general organizativo de toda actividad política, bajo el único criterio y comportamiento conductivo de orden estatista que sin duda rayara en la perdida de organización ciudadana.
La soberbia y obsesión política que hoy prevalecen desde la práctica presidencial, además de la adjudicación posesiva de la verdad absoluta, solo permiten espacio para que el mismo mandatario confronte a sus adversarios y los estigmatice de conservadores, hipócritas, arbitrarios y ajenos al pueblo, al denostarlos en confrontación que solo viene a estimular odio y resentimiento en el día a día, generando un clima de agitación y rabieta entre la población de un sector y otro, por quien debería de unir y cohesionar a la sociedad del país.
Como alternativa de este grave salto al vacío en la vida de la nación y la sociedad, así, otros actores sociales, fuerzas ciudadanas organizadas, sindicatos empresariales, formaciones religiosas y partidos políticos, buscan con afán el encuentro de condiciones afines que permitan generar coligaciones tanto en el ámbito de la participación política como en la integración de bloques y barreras que eviten el desgaste de las instituciones de servicio funcionales para la vida organizativa de la sociedad.
Conforme ello, la Legislatura del Congreso Estatal aprobó el dictamen en el cual se configura los gobiernos de coalición en Coahuila bajo la distinción que permita que las fuerzas políticas se unan para posibles participaciones electorales y de esta forma tengan la regulación en la forma en la que gobernaran, bajo criterios de reglas claras, objetivas y precisas en funciones de cogobierno.
La información teórica existente nos habla de que los GobiernosdeCoalición tiene su fundamento en dos puntos sustantivos: la conformación de un programa de gobierno común entre los partidos coaligados, y el nombramiento de un Gabinete plural de altos cargos, que integran los partidos coaligados para encargarse de su concepción e implementación bajo la conducción de un titular electo o bien mediante la integración cuantitativa y cualitativa del congreso y autoridades municipales y cabildos.
En Coahuila este inicio innovador de esquemas participativos, sin diada alguna los coahuilenses los veremos en el próximo proceso electoral para 2023 en la elección de autoridades, con el único interés de que nuestro estado, siga por el sendero de calidad y progreso que le distingue a la entidad, bajo lo cual se brinde una sustentabilidad y calidad de vida a la población.
