- México le compra a Estados Unidos alrededor de 17 millones de toneladas de maíz.
- En cuatro años de gobierno, la 4T no ha podido incrementar la producción de maíz amarillo.
Jorge Martínez Cedillo.
La exigencia del gobierno de Estados Unidos para que México justifique, basado en evidencia científica, la prohibición de importar maíz transgénico y el uso del glifosato vence este 14 de febrero (fecha límite que impusieron), lo que coloca a los miembros del ala dura de la 4T en un callejón sin salida. Ahora, ya no podrán recurrir a vaguedades o a compilaciones de estudios que, supuestamente, respaldaron el famoso decreto del 31 de diciembre de 2020 y que estableció enero del próximo año para hacer efectiva las prohibiciones que hoy Estados Unidos reclama con firmeza.
Los talibanes de la 4T que impulsaron el decreto (Conacyt, Cofepris, Semarnat y la subsecretaria de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, principalmente) no se han cansado de gastar millones de pesos en recursos públicos en webinars, redes sociales, investigaciones que no reportan innovación agrícola alguna, talleres y manuales de promoción de prácticas artesanales, para insistir y repetir que hay “evidencia científica” del daño a la salud y al medio ambiente causados por el uso del glifosato y el consumo de maíz transgénico.
Con el ultimátum de Estados Unidos, ahora tendrán la oportunidad para demostrarlo, nada menos que ante un gobierno que, a su vez, siente la fuerte presión política y económica de sus productores agrícolas para que México no cierre su mercado.
Los duros de la 4T nunca imaginaron, o poco les importó las consecuencias sociales, políticas y económicas de su decreto, que fuertes intereses económicos y políticos de los vecinos del norte llevarían a ponerlos en la incómoda posición de comprobar, con datos científicos, su intransigente posición contra el maíz transgénico y los agroquímicos.
En el caso del maíz, México le compra a Estados Unidos alrededor de 17 millones de toneladas, a un costo de 5 mil millones de dólares. Solo el maíz del estado de Iowa representa ventas a México de 3 mil millones de dólares. Y, además, nuestro vecino del norte está a punto de entrar al ciclo electoral de la elección presidencial en noviembre del próximo año, es decir, cuando México se supone debía hacer efectiva la prohibición de importar el maíz norteamericano.
Pero el problema de fondo no son las presiones de Estados Unidos contra el decreto mexicano. En realidad, esta disputa es solo la punta de un iceberg político cuyo fondo es claro: el ala dura de la 4T impulsó la promulgación de un decreto que no tiene bases científicas por su afán de justificar el intento por desplazar a un modelo agroindustrial que ven nocivo al medio ambiente, a la cultura de las comunidades rurales y que emplea agroquímicos que daña la salud y al medio ambiente.
A la pregunta de cómo se puede alimentar a todo un país, los duros del gobierno responden que es factible hacerlo con un modelo agroecológico. Poco importa que de los 23 millones de hectáreas que se cultivan en el país, no se llega ni al millón de agricultura orgánica certificada y ni siquiera dedicada a los cultivos de granos básicos.
También poco importa que, en cuatro años de gobierno, la 4T no haya podido incrementar la producción de maíz amarillo, el alimento básico para el ganado bovino, porcino y de aves, porque la política agrícola ha privilegiado los programas asistencialistas y no la productividad de los pequeños y medianos productores. Ni que el propio subsecretario para la Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez, reconozca que no se cumplirá con el objetivo que le da nombre a su cargo. El 25 de enero confirmó que “no vamos a poder producir 16 millones de toneladas adicionales de maíz que hoy se importan principalmente para el sector pecuario. Vamos a avanzar significativamente, pero no vamos a lograr el objetivo de la sustitución”.
Solo el año pasado, México pagó más de 17 mil millones de dólares por la importación de granos básicos, es decir, una refinería Dos Bocas, al año, es lo que paga el país por no saber promover la productividad de esos cultivos en el campo mexicano.
Tampoco le pareció relevante al ala dura de la 4T asegurarse que México contara con opciones para la compra de maíz amarillo. Han pasado más de dos años y resulta que, en el muy difícil caso de que se salieran con la suya de prohibir la importación de maíz transgénico, pues simplemente no hay dónde comprarlo. El 90% del maíz norteamericano es transgénico y, como lo reporta la consultora Grupo Mercados Agrícolas, (GMCA), a nivel global, la disponibilidad de maíz no transgénico se podría obtener de Ucrania, que produce 15.5 millones de toneladas, Brasil tiene 5.1 millones de toneladas o Francia, 5 millones de toneladas.
El problema es que ese maíz ya está comprometido a otros mercados, sobre todo, a China, Unión Europea y Norte de África y para acceder a su compra se tendría que pagar un mayor precio y mayor costo logístico (por segregar la producción en granja, bodegas y transporte).
Peor aún, es el incómodo hecho de que México expide un decreto que justifica la prohibición de importar maíz amarillo transgénico, si el propio gobierno autorizó, en noviembre del año pasado, la importación de maíz blanco (del que somos autosuficientes) y transgénico en un intento por controlar el aumento del precio de la tortilla, el indicador que realmente le duele a la 4T por el costo social (y electoral) que puede generarle.
Llevamos años consumiendo maíz amarillo transgénico a través del consumo de carne de pollo, puerco y reses, sin que la Secretaría de Salud haya reportado daños a la salud o haya emitido alerta alguna sobre el consumo de proteína animal. Se ha autorizado la importación de maíz blanco transgénico con elementales fines políticos ¿será posible que la Cofepris le responda al gobierno de Estados Unidos que el consumo de ese tipo de maíz sí genera problema de salud?
Está muy claro que Cofepris y Conacyt difícilmente podrán justificar la prohibición de importar maíz transgénico y glifosato. La primera, es un ente burocrático inundado de multas por no cumplir sus obligaciones y por solicitudes de autorizaciones de registros (tan solo de agroquímicos tiene más de 2 mil 600 rezagos) por lo que se ve difícil que la ineficiencia acreditada logre sustentar una respuesta sólida a la exigencia de Estados Unidos de justificar con evidencia científica la política prohibicionista de la 4T.
Por su parte, el Conacyt tampoco está en condiciones de ser de ayuda a la Cofepris. La institución que dirige la Dra. Alvarez-Buylla no ha dejado de exhibir, impunemente, fracaso tras fracaso en sus promesas al Presidente: ni ventiladores para enfermos graves de Covid, seguimos esperando la vacuna “Patria” (que ya no responderá a las nuevas variantes del virus) prometida para diciembre del 2021, a un año de que entre en vigor el decreto seguimos sin “encontrar” un sustituto al glifosato (ni lo encontrarán porque si en el primer mundo eso no ha sido posible con inversiones de miles de millones de dólares, sería ingenuo pensar que acá eso será posible);
Ahora el problema de los ideólogos agrícolas del gobierno es cómo van a quedar después del 14 de febrero. Si la Cofepris determina que el maíz amarillo transgénico no genera problemas de salud, ¿cómo tendrá justificación el decreto que prohibió su importación, al igual que el glifosato? ¿Cómo queda el Conacyt que ha fungido como la “voz científica” que justificó esas prohibiciones? ¿Con qué credibilidad se tomará ahora los estudios que también reportan que el glifosato es nocivo a la salud?
La irresponsabilidad con la que actuó la línea dura de la 4T, basándose más en sus prejuicios que en la ciencia, sólo puso en un rincón sin salida al presidente y a la secretaria de Economía, quienes ahora tendrán que ceder a la presión de EU para que se importe maíz transgénico y glifosato.
Con ello, se habrá exhibido de manera elocuente el daño que funcionarios talibanes han hecho al campo por guiarse más por un romanticismo agrícola, que ha recurrido a la ideología y no a la ciencia, como el principio fundamental para formular y aplicar una política pública en un área fundamental, como es el sector agrícola, que debe alimentar a 127 millones de mexicanos.
