EL AVIÓN PRESIDENCIAL SE HIZO AGUA; OTRO GOLPE DE LA SUPREMA CORTE

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La costosa nave fue rematada en 1.6 millones de dólares, aunque su precio total fue de 7.5 millones.

Carlos Padilla Muñoz.

El avión presidencial José María Morelos y Pavón fue adquirido a finales de 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. La aeronave, un Boeing 787 Dreamliner, fue entregada hasta febrero de 2016 y estrenada por Enrique Peña Nieto.

El avión presidencial de México ya tiene dueño. Tras cuatro años de idas y vueltas, la Administración de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado éste que la aeronave fue adquirida por el Gobierno de Tayikistán por 1.659 millones de pesos, alrededor de 92 millones de dólares al tipo de cambio actual.

La nave fue adquirida por el Gobierno de Felipe Calderón en casi dos millones de dólares, aunque fue el gobierno de Enrique Peña Nieto quien acondicionó el avión con todos los lujos que se pueda imaginar con un costo de 6 millones de dólares, para un total de siete millones y medio de dólares, como 140 millones de pesos.

Peña Nieto ofrece una conferencia de prensa a bordo del José María Morelos y Pavón, en 2016.

Al entrar la administración de Andrés Manuel López Obrador, el presidente decidió algunos cambios, entre ellos, el no usar la costosa nave, para viajar en aviones comerciales, a pesar de los riesgos que ello conlleva.

Hace dos años aproximadamente el Presidente decidió rifar el avión, después de los intentos infructuosos por venderlo. La nave permaneció por varios años en un hangar en Los Ángeles, California, los costos de renta y, mantenimiento fueron muy altos, hasta que decidieron traerlo a Medico donde permaneció hasta su venta hace algunos días.

El presidente AMLO, en una de sus puntadas decidió rifarlo por medio de boletos como la lotería nacional, la venta no tuvo éxito y finalmente la nave no fue entregada como se había anunciado y los ganadores recibieron algunos pesos.

Finalmente, el avión fue vendido en un millón 600 mil dólares, con algunas fallas que nunca pudieron quitarle, aunque no graves para poner en peligro su navegación.

El gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda hizo las cuentas del gran capital, gastos de arrendamiento de hangares y mantenimiento y reparaciones, de los 1,600 millones de pesos, solamente quedaron 160 millones, que servirán para hacer dos planteles educativos.

Éste, como otros asuntos, ha sido manejado con el hígado en lugar del cerebro, tan simple hubiera sido que el presidente siguiera usando el avión presidencial que se vendió o bien adquirir un jet menor de unas 10 plazas para las giras y no usar las líneas comerciales, poniendo en peligro a los usuarios y al propio presidente.

Se habla que algunos usuarios han cancelado sus boletos al saber que viajaran con el presidente, ante un posible atentado, y todo por decir que el ejecutivo no tiene miedo, ya que lo protege el pueblo.

La Secretaría de la Defensa Nacional, la responsable de la seguridad del Presidente de México, por protocolo, no debería permitir que el Presidente viaje sin la debida protección, poniendo en riesgo la seguridad nacional.

Qué pasaría si el presidente sufriera un atentado en uno de los aviones comerciales, aparte de ponerse en riesgo la seguridad nacional, habría conflictos internacionales. Ningún presidente viaja entre los usuarios de vuelos comerciales, y todo por presumir de los baños de pueblo.

Las extravagancias del presidente y su enfermizo afán de fingir un ejecutivo protegido y adorado por el pueblo, lo ha hecho cometer errores costosos. Escondido por la frases de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada; lo que mande el pueblo, sin entender que la mayoría de los mexicanos ya no comulga con sus ideas y su disparatado modo de gobernar.

De los 30 millones que votaron por el en el 2018, solo dos o tres han votado en las consultas que se hicieron, una de ellas para enjuiciar y meter a la cárcel a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Aunque la consulta solo tuvo millón y medio de solidarios con su voto, nunca se llevó ante un juez a los acusados de corrupción y robo a la nación.

Fueron los propios expresidentes, -según versión de uno de los colaboradores cercanos a AMLO-, que quisieron frenan los juicios, al enviar mensajes al ejecutivo actual, de revelar documentos donde se pagaba al presidente cuando era perredista y dirigente de Morena, millonarias cantidades para no causar problemas en el país.

Para atrás el Plan B

Con los votos de nueve ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio marcha atrás al Plan B Electoral que había autorizado en forma irregular el Poder Legislativo.

Solo dos ministros votaron a favor del Plan B Electoral que había aprobado la Cámara de Diputados y la de Senadores en forma exprés, entre ellas la ministra acusada de plagio de tesis profesional, Jazmín Esquivel y extrañamente otro de los alfiles de AMLO, Arturo Saldívar se unió al bloque comandado por la Presidenta de la Corte, la ministra Norma Lucia Piña Hernández, que se identificó como una enemiga frontal e irreconciliable de AMLO, la misma que no quiso ponerse de pie cuando entro el Presidente en una ceremonia, a diferencia de todos los secretarios y funcionarios genuflexos.

Este ha sido otro golpe que asienta la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente, después de que tomó posesión la ministra Piña. Esto demuestra que el Poder Judicial presidido por la SCJN no se alinea ni se somete al capricho del p residente López Obrador, como lo hace la mayoría del poder legislativo.

López Obrador, en su afán de convertirse en un dictador como en Cuba, Venezuela y Nicaragua, ha tratado a toda costa dominar los tres poderes, para ello quería utilizar a la ministra Jazmín Esquivel para ocupar la Presidencia de la Suprema Corte.

La misma Corte que le echo abajo el acuerdo de militarizar la Guardia Nacional para que siguiera perteneciendo a la Sedena. Otro de los acuerdos que no pasaron por intervención de la Suprema Corte, fue la desaparición del INE, aunque fue desmantelado y confeccionado con dirigentes y ministros a modo de Morena y el propio presidente, para pavimentar el proceso electoral de 2024´

Sin embargo, es tan terco y rencoroso el presidente, que ya anuncio un Plan C, donde se incluye una modificación a las leyes y parches a la propia Constitución, para desmantelar la Suprema Corte que ha funcionado por décadas, para que los ministros, y jueces sean nombrados por el pueblo, como si esto pudiera hacerse sin caer en el error de que hasta un narco pudiera ocupar un cargo de estos.

No cabe duda que nuestro presidente ha hecho y deshecho toldas las leyes y ha desparecido organismos gubernamentales y no gubernamentales para ya no dar dinero como es el caso del Insabi, el Seguro Médico Popular, el desabasto de medicamentos etc.

Es una transformación llena de mentiras y medias verdades para aparentar que se ha logrado avanzar, basta en acudir al supermercado y surtir la misma canasta básica que en el año 2018 comprábamos, ahora cuesta un 50% más, y esto es el verdadero índice de inflación, sobre todo en los productos básicos.

Por otra parte, se han desmantelado casi todos los programas para ayudar al campo, los campesinos han tenido que vender sus tierras para deshacerse de lo que le dio la Repartición de Tierras que hizo en los años 40s Lázaro Cárdenas.

Pero aun así se sigue diciendo en las mañaneras que estamos a toda madre.