Samuel Cepeda Tovar
La historia es maestra de la vida, y para ello es imprescindible con miras a la elección del próximo 4 de junio del presente echar un lacónico vistazo a lo sucedido en la elección constitucional local inmediata anterior, es decir, el proceso electoral de 2017 en nuestro Estado.
En aquélla ocasión, según datos de la autoridad electoral local, participaron con su voto 1 millón 264 mil coahuilenses de un listado nominal de 2 millones 63 mil 960 ciudadanos con derecho a sufragio, y es aquí en donde inician los problemas de legitimidad de nuestra democracia, pues en términos netos el porcentaje de participación fue del 61%, es decir, de cada 10 coahuilenses, 4 decidieron no salir a votar, y no se trata de celebrar la mediocridad al hablar de la mayoría al rebasar la barrera del 50%, sino de lamentar que sigue habiendo un porcentaje elevado de abstencionismo que de participar sin duda alguna modificaría cualquier resultado electoral, ejemplo de altas tasas de participación fueron elecciones presidenciales inmediatas anteriores en Uruguay con el 90% de participación, Bolivia con el 88%, Argentina con el 81% y Brasil con el 79%.
Estos resultados legitiman a cualquier gobierno sin lugar a dudas y abren paso a la llamada gobernabilidad, y ese debería ser nuestro objetivo como sociedad en cada elección, pero la mediocridad de las opciones electorales en mucho incide en la falta de participación ciudadana el día de las elecciones.
Ahora bien, del millón 264 mil sufragios en 2017, el 38% lo captó el partido ganador (PRI), el 36% el PAN y casi un 20% entre las demás opciones entre partidos y el candidato independiente. Es decir, que de los 6 votantes de cada 10, aproximadamente cuatro votaron por el candidato ganador, es decir, que por el partido que resultó victorioso en aquella contienda de hace seis años solo 4 de cada 10 coahuilenses decidieron por los seis restantes, de ahí vienen los problemas de legitimidad y aversión hacia el gobierno y desde luego de la falta de representatividad real del gobierno hacia los ciudadanos; por ello se entiende la generalidad de un clamor social de cambio que no se materializa en primer lugar por la baja participación electoral el día de la elección y después por la división natural de los votos entre las diversas opciones en contienda.
¿Qué hace falta?, pues que los índices de participación se incrementen el próximo cuatro de junio para que con ello el ganador no solo tenga una victoria legal, sino también legítima y con ello la ciudadanía se sienta realmente representada y entre mayor participación el gobierno debe ofrecer mejores resultados a sabiendas del castigo en caso de no hacerlo, por ello la importancia de salir a votar por la opción que mejor le plazca al elector, pero con la consigna de que a mayor participación, mayor presión hacia el gobierno para mantener su legitimidad en un marco de legalidad y con ello alejar no solo la apatía, sino la aversión que muchas veces vuelve difícil la tarea de gobierno ante la ausencia de consenso entre los diversos estratos de la sociedad.
Entonces todos a votar el domingo 4 de junio en nombre de la legitimidad y la participación ciudadana en nuestro Estado.
