José Luis Rodríguez Flores.
En los países democráticos se considera a los organismos de transparencia vitales para progresar hacia la democracia; por el contrario, los países donde se privilegia el autoritarismo y la opacidad, o no hay democracia, o es una democracia acotada y solo ficticia para simular.
En nuestro país, quienes hicieron posible el logro original de la creación de la La ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio origen al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), fue un grupo heterogéneo de periodistas y académicos que aprovecharon la coyuntura que ofrecía la llegada al poder, en el año 2000, de un presidente no surgido del PRI, el panista Vicente Fox, quien de paso no contaba con mayoría de su partido en las cámaras legislativas.
Sería el grupo Oaxaca uno de los principales impulsores de esta importante ley gubernamental, proponiendo la iniciativa de ley el 6 de diciembre de 2001 a la Cámara de Diputados con el apoyo de diversas fracciones parlamentarias. En junio de 2002 por unanimidad, la Cámara de Diputado aprobó la La ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el día 11 de junio de 2002.
No obstante, “acabar con la corrupción” es una de las frases más usada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. En Google aparecen más de 253 mil referencias sobre esa frase en sus discursos o conferencias. Sin embargo, existen otros datos que marcan que hay una tendencia distinta. Los embates de parte de Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación, muestran todo lo contrario, pues tienen al INAI en estado vegetativo, pues no han querido los diputados y senadores de Morena nombrar a los consejeros indispensables para su buen funcionamiento, por lo pronto los mexicanos estamos en estado de indefensión en el ámbito de transparencia de información de datos públicos (RAZIEL, 2023)
El 22 de enero de 2019 se pidió a la Secretaría de Gobernación el registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, que en ese tiempo era de 40,180 personas. La respuesta fue que no era posible entregarlo porque contenía datos personales sobre las familias afectadas. (Lizaraga, 2020)… El Instituto Nacional de Acceso a la Información, resolvió que sí podían elaborar una versión pública con información referente al sexo, edad, y sitio en que sucedieron los hechos, pero dejando fuera los nombres, domicilios, números telefónicos y correos electrónicos. Sin embargo, la secretaría de Gobernación recurrió a un juicio de amparo.
En el mapa mundial de Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado en forma anual desde 1995 por Transparencia Internacional, organización no gubernamental, con sede en Berlín. El Índice clasifica a los países por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, todo ello determinado por las encuestas de opinión y evaluaciones de expertos.
El IPC define la corrupción como el uso indebido del poder público para beneficio del privado. En dicho Índice, México ocupó en el año 2022 un deshonroso 124 lugar empatado tristemente con Nigeria.
Para el año 2023, según Transparencia Mexicana, México bajó dos niveles hasta el lugar 126 de 180 países evaluados. México sigue siendo el país peor evaluado dentro de los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el segundo peor evaluado en el G-20, solo Rusia tuvo una peor calificación que México entre las 20 economías más grandes del mundo.
Estimados lectores por desgracia muy poco se ha hecho en México para disminuir la corrupción, al menos así lo demuestran los índices que para medir la corrupción llevan los organismos Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, según el Índice Percepción de la Corrupción.
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