José C. Serrano Cuevas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), reservó por cinco años la información de las asambleas realizadas para consultar la reforma a los planes de estudio y los libros de texto gratuitos, que el gobierno decidió implementar en el ciclo escolar 2023-2024.
La dependencia recibió diversas solicitudes de información sobre dichos temas. Como respuesta Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la SEP, difundió en redes sociales documentos relacionados con las asambleas para justificar que sí se consultaron los nuevos planes y libros de texto.
En su publicación de redes sociales Arriaga Navarro afirmó que se realizaron 41 asambleas a las que acudieron miles de participantes.
De acuerdo con los documentos compartidos por el funcionario, en enero de 2021 la entonces secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, instruyó a Arriaga y a la titular de Desarrollo Curricular, Claudia Izquierdo Vicuña, para coordinar y participar en la realización de reuniones de análisis y discusión de los proyectos del plan y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, y los contenidos para el diseño de los libros de texto gratuitos y materiales educativos de apoyo.
Como prueba de que estas reuniones fueron llevadas a cabo, Arriaga adjuntó dos documentos en los que se mencionan siete foros, tres en la Ruta Sur que se efectuaron en Tabasco, Chiapas y Oaxaca entre el 22 y el 25 de noviembre de 2021, así como cuatro de la Ruta Norte realizados en Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua entre el seis y el diez de diciembre de ese mismo año.
Como respuesta a las solicitudes de información, la SEP indicó que la carpeta con la información requerida podría contener material susceptible de protección de datos personales, por lo que se reservó, aunque quienes participaron fueron servidores públicos.
Por ello, enunció la secretaría «la documentación relacionada con las asambleas y análisis del plan y programas de estudio deberá considerarse como reservada, o de lo contrario, se vulnerarían los bienes jurídicos que tutela el supuesto de reserva establecido, consistentes en la política pública implementada, la cual debe responder a la satisfacción del interés social y el bien común»
Grosso modo, se muestra en los párrafos anteriores una de las versiones de la planeación educativa en el nivel básico, proceso que pareciera haber transitado por una alfombra mullida, tersa. Mas no es así, tropezó y trastabilló por terrenos sinuosos y escarpados.
Descalificaciones o defensa a ultranza de los nuevos libros de texto gratuitos marginan la discusión pública informada: De un lado y otro se lanzan invectivas, más que argumentos y desglose de los mismos en propuestas para mejorar el contenido de los materiales educativos. Los nuevos textos sirven a los grupos polarizados como pretextos para justificar intereses políticos y llevar agua a su molino.
La cuestión no es si hay inclinaciones de cierto perfil en dichos libros, sino tamizar tal inclinación con el fin de separar consignas de valores pedagógicos válidos y necesarios para una sociedad crecientemente diversificada, como la mexicana.
Los nuevos recursos escolares no son marxistas ni comunistas; tienen, eso sí, presupuestos filosóficos y pedagógicos distintos a los de la anterior generación y, como todo programa escolar educativo, puede ser analizado para localizar fortalezas y debilidades.
Los ciclos educativos son tan importantes que no pueden restringirse a los especialistas que diseñaron los nuevos materiales, son producto de interés público y es señal de la vitalidad social la discusión civilizada sobre ellos.
Por propia iniciativa se excluyen del diálogo personajes que llaman a encender hogueras. Pero sí tienen cabida en el ejercicio valorativo los padres de los menores cuya representación falsamente se adjudica la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), oficiante del mitote en sus dos acepciones: aumentativo de mito, como historia ficticia y el mitote que significa aspaviento, ruido, pendencia, alboroto, surgida en 1917 para combatir la laicidad del Estado y de las escuelas.
Los maestros en distintas regiones y realidades cuyas experiencias pedagógicas serán la prueba de fuego de los nuevos libros y, por supuesto, los estudiantes que usarán los textos.
La falta de transparencia en el proceso es un aspecto débil y que deja al descubierto zonas vulnerables para el golpeteo de los fúricos vociferantes a quienes lo que menos les importa es la niñez.
¿De verdad es imprescindible resguardar por cinco años la información sobre cómo y quiénes gestaron los materiales?
