David Guillén Patiño.
Al darse a conocer los nuevos libros de texto gratuitos para instrucción básica, lo que menos imaginé fue que su contenido se convertiría en epicentro de un intenso combate de carácter político electoral, no tanto educativo, pedagógico, social, cultural o ético, como se ha planteado.
Los ánimos escalaron y este asunto mediático fue llevado incluso al terreno jurídico, al menos en el caso del estado de Chihuahua, donde, luego de que un diputado local y padres de familia promovieron un amparo, un juez otorgó la suspensión de la entrega de dichas herramientas para educación elemental.
Lo mismo ocurrió en Guanajuato, donde la Unión Nacional de Padres de Familia fue quien consiguió el amparo. Por su parte, Jalisco, Nuevo León y Yucatán se sumaron a dicha medida.
En lo que respecta a Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció el pasado miércoles que suspendería también la distribución de los libros, aunque no precisó si lo hará mediante amparo o “a la brava”.
Es de comprenderse el creciente malestar que priva en un amplio sector de la población, liderado por padres de familia y diversas organizaciones de la sociedad civil, ya que, efectivamente, los cientos de errores de toda índole en el contenido de los libros son evidentes, tanto como su carga ideológica.
Sin embargo, esta situación, resultado de un supuesto esfuerzo por mejorar la calidad educativa, no debiera extrañar a nadie, ya que el material de enseñanza que distribuye el Estado siempre ha tenido, lo mismo datos falsos, omisiones e información manipulada, que rasgos ideológicos diversos.
Quizá los más sorprendidos con los cambios de la Nueva Escuela Mexicana sean los propios docentes, a quienes, como siempre, no se les tomó en cuenta para modificar los contenidos, mismos que hasta hace poco permanecieron a la sombra de una innecesaria discrecionalidad.
De hecho, la mayor parte de los maestros sabían que en el ciclo escolar que está por comenzar trabajarían en función de campos formativos, en lugar de materias, pero sin tener claro hasta dónde se suprimirían o fusionarían las asignaturas habituales, de ahí que hasta ahora desconozcan cuáles serán las nuevas listas de útiles escolares que encargarán a los padres de familia.
En la práctica docente la incertidumbre es tal que los profesores aún se preguntan cuál de las reformas educativas es la que van a aplicar, o bien, cómo las seguirán conciliando, pues todavía en el ciclo anterior se estuvieron utilizando criterios y elementos de reformas atrasadas, como la promovida por Felipe Calderón, sobre todo en los grados superiores de primaria, por increíble que esto parezca.
Pero el mayor dilema que está por enfrentar el gremio magisterial tiene qué ver con el manejo de los temas relacionados con la ideología de género, acerca de lo cual el gobierno federal, por alguna razón, ha dicho casi nada.
Respecto de este tema, de orden moral y social, la cuestión es si los profesores acatarán totalmente los términos del nuevo modelo educativo o se abstendrán de hacerlo, en atención a la inconformidad de los padres de familia o tutores.
Será acaso que, debido a estos trastornos en el ejercicio magisterial, que el pasado 4 de agosto la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigió que al sector educativo no se le convierta en campo de batalla político electoral.
Tratando de salvar la situación, Alfonso Cepeda Salas, líder nacional de la organización, apeló a la capacidad y experiencia del gremio para sortear los retos de la nueva era educativa que está por cristalizarse.
Anunció que el sindicato promoverá que, tanto para el co diseño del programa analítico, como para el uso de los libros y los diversos materiales educativos, los maestros empeñen su preparación, su experiencia profesional, la autonomía curricular y, algo muy importante: “la libertad de cátedra y el pensamiento crítico”.
Todo ello, sin soslayar el hecho de que “el debate crece también –dijo– porque hay sectores de opinión, grupos políticos y facciones ideológicas que pretenden usar la coyuntura para atacar al gobierno federal y posicionarse con miras a las próximas elecciones… La educación debe ser una auténtica política de Estado y de Nación, por encima de las disputas políticas y partidistas”.
Por lo demás, convengo con las demandas presentadas por el magisterio a través de un desplegado firmado por todas sus dirigencias seccionales, al menos en lo que se refiere a “que ninguna fuerza política, facción ideológica o grupo de interés pretenda convertir a la escuela y la educación públicas en el campo de sus disputas, asimismo, que dejen en paz y libre de sus violencias a la educación”.
Y, en efecto, falta mucho por hacer para la adecuada implementación de la denominada Nueva Escuela Mexicana, particularmente para el fortalecimiento y mejoramiento de la educación pública, de las escuelas, de los libros de texto y del conjunto de materiales y equipos para enriquecer el cotidiano encuentro educativo del magisterio y sus alumnos. A este respecto, hablaremos más adelante.
Como ya he señalado, existen claras evidencias que apuntan al interés del Estado en politizar el cuerpo y la sexualidad del educando, sin embargo, la postura oficial sigue siendo la de abordar el tema lo menos posible, prefiriendo que la atención de la opinión pública se siga centrando en los “errores” -así, en general- que presentan los libros de texto.
En la sesión más reciente del Congreso del Estado, por ejemplo, los legisladores cuidaron de no hacer referencia directa a la ideología de género durante su debate sobre el contenido de los ejemplares para el ciclo escolar 2023-2024, a diferencia de los padres de familia, líderes religiosos y representantes de organizaciones de la sociedad civil que se dieron cita en el recinto legislativo para protestar contra el nuevo material educativo.
Queda claro que la incorporación de enseñanzas que comprenden la promoción, a veces sutil y en otros casos de forma directa, del feminismo, del lenguaje inclusivo, los modelos de familia no tradicionales, la unión de parejas del mismo sexo y la diversidad sexual, entre otros temas afines, siguen representando tierra movediza para el gobierno en sus distintos niveles. Sin duda, el informar abiertamente sobre el origen y propósitos reales de esta corriente provocaría serios conflictos político-electorales.
Estoy cierto de que los libros de texto recién salidos de la imprenta estarían sembrando en el alumno confusión y serias dudas acerca, por ejemplo, de su identidad sexual, lo cual, además de que plantea una práctica docente ociosa, constituiría un verdadero crimen.
Sucede que los niños de primaria se encuentran en proceso de desarrollo y, por ende, en plena formación de sus personalidades, de modo que, de acuerdo con la psicología, aún no cuentan con la capacidad para comprender adecuadamente las implicaciones y alcances de la ideología de género que se les pretende encasquetar de sopetón y mediante un vocabulario todavía incomprensible para ellos. No hace falta ser especialistas para entender esta realidad.
Agustín Laje Arrigoni, escritor, politólogo y experto en el tema, señala acertadamente que hoy estamos viviendo “la consecuencia esperable de que a una ideología se le inyecte dinero y poder político, por más absurda que sea esta ideología”.
Ejemplifica: “Suponer que mi autopercepción constituye mi realidad es un absurdo, desde cualquier punto de vista filosófico, científico, religioso, etcétera.”
Sin embargo, al financiarse la propagación y aplicación de esta mentira, el absurdo queda de lado y termina por imponerse, gracias a la fuerza del Estado y de organismos internacionales muy poderosos, que obviamente están al servicio de la llamada élite mundial.
El autor de “El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural”, afirma que la ideología o perspectiva de género “no comenzó hace dos o cuatro años, cuando los padres de familia empezaron a ver cambios en los textos escolares de educación sexual, sino a mediados del siglo pasado, en los países denominados de primer mundo.”
Con miras a descubrir las raíces de los movimientos feminista, lésbico-gay, homoparental y otras expresiones análogas, encontramos que intelectuales formados en corrientes izquierdistas se desencantaron de la idea de que su revolución pudiera movilizar a la clase obrera.
Efectivamente, la izquierda, sobre todo en tiempos de la llamada “guerra fría”, tenía una matriz ideológica, en la cual se suponía que la revolución del socialismo iba a venir de la mano de la clase obrera que se levantaría contra los patrones.
Pero, al no cumplirse el objetivo de que el proletariado se rebelara, el proyecto ideológico fue llevado a otro terreno, y así surgió el proyecto de lanzar una revolución, ya no obrero-económica como se pretendía, sino una de tipo cultural, cuyo aspecto más importante giraría en torno, sí… a la sexualidad.
Por cierto, esta es una de las razones por la que difícilmente encontramos ideólogos de género que no participen de principios inclinados hacia las izquierdas.
Es entonces cuando un grupo selecto de personas con gran poder económico se percata de que estas ideas son compatibles con sus intereses, sobre todo los vinculados a políticas demográficas basadas en el control de la natalidad, programa que a su vez persigue el recriminable objetivo de reducir el número de habitantes en el mundo.
Un reflejo de esto último fue la creación en 1952 de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), a saber, la versión internacional de un organismo de la misma naturaleza que se fundó años antes en Estados Unidos, a instancias de la feminista Margaret Sanger, y que fue impulsado financieramente como matriz internacional por David Rockefeller III, quien posteriormente establece el Consejo de Población. Luego de esto, aparece en 1974 el famoso “Informe Kissinger”, un año antes de la legalización del aborto en Estados Unidos.
En general, surge toda una vorágine de género que empieza a mostrarse funcional, ya no solo para los de izquierda, sino también para los tecnocrátas, cuya premisa sigue siendo: “Más población es más riesgo para los países ricos”.
En cuanto a Margaret Sanger, ella formaba parte del movimiento eugenésico (disciplina para modificar la herencia genética de las personas para mejorar una raza o la especie humana, aplicando leyes biológicas y técnicas avanzadas de la genética), al igual que quienes ocupaban puestos de poder en las fundaciones de los Rockefeller, esto es, cuando se concebía al aborto, no como el derecho de la mujer a disponer libremente de su cuerpo, como se dice hoy día, sino como una manera de mejorar la genética humana, bajo la premisa de procrear más hijos para los aptos, y menos hijos para los ineptos, es decir, casi siempre personas de color o hispanos.
En el referido “Informe Kissinger”, adoptado en 1975 por el entonces presidente de Estados Unidos, Gerald R. Ford, se conmina a que no se diseminen tan fácil estas ideas entre los países del tercer mundo, pues estos podrían darse cuenta de que detrás de todo ello está en acción un “imperialismo demográfico”, como lo denominaba el propio Henry Kissinger.
Así, surge la idea de vender el concepto bajo el nombre de “derechos sexuales reproductivos”, o bien, “diversidad sexual”, entre otros conceptos que se usan actualmente para referirse al género, mismos que serían adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en consecuencia, por casi todos los países, incluido México. La historia no termina aquí…
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