- Tras nueve años de investigaciones, padres de los normalistas de Ayotzinapa afirman que el gobierno encubre al ejército.
Abigail Angélica Correa Cisneros.
En búsqueda de la verdad tras nueve años, padres de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron, siguen clamando porque sus hijos aparezcan con vida. Confrontados con el ejército y el gobierno actual para que estos revelen información que los lleve a saber qué paso con ellos, hoy son ahora incansables luchadores de justicia.
Una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que se sabría la verdad al respecto. Sin embargo, siguen las inconsistencias en la investigación, sostienen padres de los 43, señalan que el Ejército tiene información clave de aquella noche del 26 de septiembre en Ayotzinapa.
Se sabe que los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos viajaron a Iguala, Guerrero, con la intención de secuestrar autobuses para venir a Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre. Pero corrieron con la misma suerte que muchos de 1968, fueron desaparecidos por policías municipales, federales y el crimen organizado.
Las investigaciones que empezaron en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, encabezadas por Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía federal, concluyeron que los jóvenes fueron secuestrados por policías de Iguala y Cocula quienes posteriormente los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos. Concluyeron que fueron asesinados e incinerados en un basurero.
Mientras fueron avanzando más las investigaciones, más se demostró que la Fiscalía manipuló evidencias, por lo que los padres de los estudiantes siguen demandando se esclarezca lo que ocurrió aquella noche. Y es lo que a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se ha intentado hacer durante este gobierno, mismo que asegura que ya se entregó toda evidencia.
Y es que estas conclusiones quitan responsabilidad al Estado, de acuerdo con lo que dicen los padres de los estudiantes.
En el último informe se menciona tres posibles causas. Que hubo infiltrados de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa por la presunta disputa de la plaza de la región de Iguala. Que quisieron dar un escarmiento a los estudiantes, esto por las supuestas amenazas del entonces alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos por los destrozos y protestas en Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera. Y, una última, el trasiego de drogas, armas y dinero que ocultaban en alguno de los camiones que tomaron los estudiantes para llegar a Ciudad de México.
Asimismo, el informe indica que hubo 132 personas detenidas por aquellos hechos. Se trata de 71 policías, tres funcionarios de la Fiscalía General de la República, el exsecretario de Seguridad Estatal de Guerrero, el expresidente municipal de Iguala, la expresidenta del DIF de Iguala y 14 elementos de la Sedena.
Estas nuevas conclusiones parecen estar más cerca de la llamada “verdad histórica”, “se afirma de manera categórica que el móvil del asesinato de la desaparición de los jóvenes obedece a una disputa entre los grupos delictivos, que estaban infiltrados los estudiantes por grupos delictivos”, declaró a medios Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes.
Los padres de los jóvenes acusan al presidente de encubrir al Ejército, del que afirman, no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Desde el Centro
Luego de que se publicaran imágenes de cárteles vitoreados por las comunidades en Chiapas, para liberarlos del yugo en que los tiene otro grupo criminal, el gobierno federal envió cerca de 800 elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, así como de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, a Comitán hacia Frontera Comalapa. Parece zona de guerra, hay cortes de luz y la comida escasea, denuncian pobladores. Todo indica que es por la disputa de territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
