Entre los justos reclamos de los jóvenes
y la soberbia de autoridades y burócratas.
José Guadalupe Robledo Guerrero.
Se cumplen 10 días desde que las instalaciones del Instituto Tecnológico de Saltillo fueron utilizadas por los gobiernos estatal y municipal para instalar un área “vip” para funcionarios, amigos y parejas de políticos en el concierto de un grupo norteño, que derivó en una protesta estudiantil que hoy (24 dde septiembre) se cumple una semana y que ha mantenido la exigencia de atención a sus demandas.
La indignación de los estudiantes por el hecho de que su Tecnológico fuera utilizado como cantina para que funcionarios estatales y municipales bailaran, se emborracharan y lo dejaran como muladar fue la gota que derramó un vaso de problemas, represión, abusos y falta de atención de las autoridades educativas y también de gobierno.
Los estudiantes del Tec de Saltillo desde hace varios años han venido demandando que se transparenten los recursos que ejercen sus directivos, señalando desvíos, pagos de bonos ilegales a favoritos del director en turno, acoso sexual por parte de maestros y retraso en pago de becas y apoyos. El colmo es que ninguna autoridad los atendió ni le dio seguimiento a sus demandas y problemas en tiempo y forma.
El hecho que terminó de colmar la paciencia de los estudiantes fue que se utilizaran su escuela como tugurio, todo por la ocurrencia de funcionarios de segundo y tercer nivel de creerse “very important people” (VIP) en un concierto gratuito y que se supone era “popular”. La falta de sensibilidad y oficio político de los altos mandos del gobierno del estado y el municipal, para evitar ese abuso se refleja en que el alcalde José María Fraustro fue exhibido en videos y fotos alcoholizado a punto de caerse, y funcionarios entre secretarias, magistrados, directores municipales y estatales posaron en fotografías con botellas de finos tequilas en el área “vip” instalada en el Tec.
Tuvieron que pasar 5 días de la protesta para que mandaran a un funcionario segundón, el secretario del Ayuntamiento Carlos Estrada Flores, a declarar que están atendiendo a estudiantes y su protesta, porque mandaron patrullas a cerrar la calle para que no los fueran a atropellar, así de absurda y limitada la reacción del Ayuntamiento y de su alcalde. Del gobierno del estado no hubo ni una declaración, aclaración y menos disculpa por usar como cantina las instalaciones de una escuela, si eso servía para iniciar el diálogo con los estudiantes, como tampoco hubo un grupo de atención. Todo lo contrario, se inició con paleros y burócratas una campaña en contra de jóvenes acusándolos de tener “agendas partidistas” o que “ellos también beben alcohol”.
Lo cierto es que la protesta de estudiantes del Tec es por el cúmulo de abusos que han cometido contra ellos sus directivos, detonado por el uso de su escuela como cantina por parte de políticos. Parte del problema generado es por la soberbia de muchos funcionarios estatales y municipales que creen que pueden hacer lo que quieran y que merecen todo porque, como ellos mismos dicen “fuimos los que ganamos la elección de junio”, eso sumado a la incompetencia de muchos de ellos que no son capaces de atender un problema.
Al actual gobierno estatal le quedan dos meses, poco o nada hará para evitar que sigan surgiendo o creciendo los problemas sociales, o para atender las demandas como las de los estudiantes, ya que también se encuentran, según lo comentan, algunos funcionarios del propio gobierno están ocupados en el “Año de Hidalgo”.
El gobierno estatal y municipal con tal de satisfacer a su burocracia que se dedica a operar elecciones y hacer de cualquier evento oficial un convivio de borrachines, pasaron por alto cualquier consideración y no les importó crear un problema con la comunidad estudiantil de Saltillo, que puede ir creciendo por la constante de abusos y la enorme corrupción de los directivos de las instituciones públicas, como el Tecnológico de Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila.
El próximo gobernador, Manolo Jiménez Salinas ha demostrado que es un político serio, prudente y centrado, deberá imprimirle esas cualidades a todo su gobierno, y revisar y sacar a los personajes nocivos que llevan enquistados 15 años generando conflictos y corrupción, y que por su negligencia e ignorancia no han podido resolver los problemas del estado que siguen acumulándose y acrecentándose. Si no lo hace, el gobierno estatal seguirá ciclado como ahora, dedicado a administrar la megadeuda, a atraer empresas de trabajo precario, a pagar encuestas que les den “buenas calificaciones, e inaugurando banquetas y palapas disfrazadas de “centros de investigación”; con una clase burocrática y política donde muchos de sus integrantes se sienten “vip”, pero en realidad son de mucho muy bajo nivel.
Política aldeana
Este lunes 25 de septiembre se dará el fallo por parte de la Secretaría de Finanzas para aceptar las propuestas de bancos privados, para reestructurar la deuda de Coahuila en un ambiente de opacidad y nula transparencia, en lo oscurito pues. Poco o nada se ha hablado de ello, los políticos y funcionarios estatales del gobierno saliente no han hecho declaraciones amplias sobre el asunto; al contrario, evitan el tema. Mucho menos hay opinión de expertos ni especialistas en el tema, y ni se diga que no se garantizó la participación de la sociedad para que pudiera observar el proceso.
Lo cierto es que en los círculos financieros y bancarios, públicos y privados, de la Ciudad de México se habla de la reestructura de la megadeuda de Coahuila como algo “inédito” y “poco común”, ya que nunca había sucedido que un gobierno refinanciará o reestructurará su deuda pública a 4 meses de entregar su administración, y que es extraño que un gobierno saliente inicie un proceso de este tipo y no le deje al gobierno entrante esa posibilidad.
También en estos círculos se menciona con extrañeza el tamaño del financiamiento para la reestructura que se está licitando, ya que asciende a más 36 mil 269 millones de pesos, es decir la misma cantidad de la megadeuda original que adquirió el gobierno de Humberto Moreira, legalizó, aumentó y reestructuró su hermano Rubén Moreira y renegoció el gobierno actual de Miguel Ángel Riquelme en 2018. Es decir, después de 12 años de pago de la deuda no sólo no ha bajado, sino que ha aumentado.
Según lo publicado en el mes de agosto por el periódico El Universal, por servicio de deuda de Coahuila (capital más intereses) se han pagado hasta 57 mil 168 millones de pesos desde el 2012 al 2022 y la deuda sigue igual, es decir se han pagado puros intereses durante estos años.
En junio pasado, una vez pasada la elección de gobernador, los amaestrados diputados locales de Coahuila aprobaron la reestructura de la deuda, donde se autoriza la recontratación de financiamiento para reestructurarla hasta por 36 mil 269 millones pesos, pero con un monto autorizado máximo a pagar (sumando intereses) de hasta 100 mil millones de pesos. Es decir, casi 65 mil millones de pesos de intereses. Entre declaraciones absurdas y cinismo de quienes van al Congreso a levantar el dedo dijeron que “era lo mejor para dejar finanzas sanas”, y autorizaron que el plazo de esta reestructura se vaya a 20 años, es decir hasta 2043.
La anterior reestructura de la deuda fue en el año 2018, en el actual gobierno estatal. Es evidente que se hizo bajo condiciones leoninas con los bancos, pues se fijaron los intereses más altos de todas las deudas de estados del país, la tasa más alta y puntos base, es decir más intereses. Además se hizo, según comentan los financieros, un mal esquema de tabla de amortización que hace que el estado agote sus recursos en el pago de la deuda, de la cual el actual gobierno estatal pagó a capital tan sólo 570 millones de pesos.
Aunado a lo anterior, en la pasada reestructura de 2018 se fijó que casi el 95% de los Ingresos Comprometidos fueran para el pago de la deuda, es decir, casi el 100% de las participaciones están comprometidas. Sólo le queda al gobierno estatal los otros componentes como aportaciones e ingresos de libre disposición para operar, mismos que están limitados ya que en el Sistema de Alertas de Hacienda Coahuila no tiene la mejor condición de alerta, ya que está “En observación”.
Hay funcionarios estatales como el Secretario de Finanzas que comenta a quien lo escucha, que reestructurar la deuda ahora es lo mejor para buscar mejores condiciones, ya que las actuales son desventajosas para el estado. Quizás estos funcionarios piensan que los coahuilenses no sabemos que fueron los actuales funcionarios estatales quienes renegociaron la deuda en esas condiciones leoninas en 2018 y que son los mismos que la están renegociando ahora en 2023.
Quienes conocen el tema financiero de la deuda y del gobierno anticipan que la nueva reestructura no tendrá mejores condiciones para su pago, coinciden en que quizás puedan reducirse algunos decimales de intereses y se baje de 95 a 90% las participaciones comprometidas, que no representa una mejora en calificación ni en alerta de Hacienda. El panorama, si se concreta esta reestructura, es que las condiciones leoninas sean parecidas con lo que la deuda seguirá siendo un pesado lastre para el próximo gobierno que heredará una falta de flujo para cumplir pagos ordinarios e inversión, y con sus participaciones comprometidas para seguir pagando intereses.
Los mismos analistas y expertos coinciden en que lo mejor para el gobierno y estado de Coahuila es que se declare desierto el actual proceso y que sea el próximo gobernador, Manolo Jiménez Salinas, el que reestructure la deuda que heredará de sus antecesores. En este caso el nuevo gobernador podría buscar mejores condiciones de pago e intereses, hacerlo de una forma transparente, con especialistas y técnicos que garanticen una buena negociación, y con su propio equipo para que se haga una reestructura de acuerdo con la proyección de sus ingresos, egresos, proyectos, compromisos y plan de gobierno.
Preguntas huérfanas
¿Hubo permiso de alcoholes para la venta y consumo de alcohol en el baile del Grupo Frontera o por qué razones el consumo fue evidente?
¿Será cierto que los organizadores de ese baile son socios de funcionarios del gobierno estatal y municipal?
¿Por qué se apresuró el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, a afirmar que “el movimiento del Tec de Saltillo no contaminará la Universidad”, pensará acaso que la protesta estudiantil es “basura” por eso dice que “contamina”, o tienen preocupación porque la protesta puede aparecer en la Universidad por la insultante corrupción?
¿Será cierto que lo revelado en una investigación del Periódico Zócalo sobre los desvíos en la UAdeC vía factureros, es una de varias modalidades que utilizan las autoridades de la Universidad para saquear recursos, en las que se incluyen empresas fantasmas, nóminas fantasmas y simulación de prestación de servicios?
¿Por qué la premura del gobierno estatal para reestructurar la deuda, si quedan dos meses de gobierno y no se pueden garantizar mejores condiciones de reestructuración?
¿Será cierto que los bancos privados pagan diversas comisiones a quienes renegocien deudas con ellos, que van del 1% al 4%?
