Fernando Rangel de León.
El Poder Ejecutivo Federal, es patrón de sus empleados, el Poder Legislativo Federal, es patrón de sus empleados; y el Poder Judicial Federal, es patrón de sus empleados; de manera que si se respeta la separación de poderes y la independencia de cada uno de ellos, los conflictos de trabajo son de la exclusiva responsabilidad de cada uno de ellos y solo ellos deben de resolverlos autónomamente.
Si los trabajadores del Poder Judicial Federal, tienen reclamaciones porque se les violan sus derechos laborales y porque se les escamotean sus prestaciones sociales-económicas, a quien deben de exigirle que se les respeten y se les proporcionen sus prestaciones, es precisamente a la presidenta de ese poder, la Ministra Norma Piña.
Pero no es correcto que los trabajadores del Poder Judicial Federal, salgan a la vía pública con mantas y pancartas y bloqueen las calles y paren sus labores en protesta contra el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo Federal, que ni son sus patrones ni tienen nada que ver con su situación laboral.
Pues si el pretexto de sus protestas es la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos (contratos por la administración de bienes por los que los bancos cobran elevadas comisiones), por parte del Poder Legislativo Federal, a petición del Poder Ejecutivo Federal, y eso les perjudica a ellos y a sus familias, entonces deben de planteárselos a estos dos últimos poderes para que de inmediato los restituyan en el goce de sus derechos, porque los derechos de los trabajadores son sagrados.
Por esa atípica conducta los empleados del Poder Judicial Federal, hubiesen sido cesados por anteriores presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano jurisdiccional y administrativo de ese poder; pues inhabilitaron días no señalados por la Ley de Amparo, pararon labores de un servicio de trascendental importancia para el país, como es el de amparar y proteger a los gobernados en contra de los actos de las autoridades que violan sus derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son actos de incomunicación y de tortura, para lo cual ninguno de los 365 días del año, son inhábiles; pues hasta en los jueves y viernes santos, en la navidad y en el año nuevo, y otros muy importantes, debe de ampararse al quejoso.
Por lo que lo único que se puede entender de este insólito comportamiento de los empleados del Poder Judicial Federal, es que fueron no solamente autorizados por la presidenta Piña, a paralizar su funcionamiento, sino que fueron instigados a protestar contra los otros dos poderes de la Unión; pues los empleados no arriesgarían sus antigüedades y su estabilidad en el empleo, que es el derecho que tienen de permanecer en su trabajo, si no hubieran contado con el permiso de su patrón.
¿Dónde quedó el Estado de Derecho, que tanto cacarean los opositores a la 4T?
