• Se espera una reforma en México en 2024.
Mujeres trabajadoras en plataformas digitales de reparto y conducción exigieron que se concrete una reforma a la Ley Federal del Trabajo, con perspectiva de género, para que sean reconocidas y se respeten sus derechos.
Durante el Foro Internacional «Alza la voz. Trabajo digital y género rumbo a una agenda global», Shaira Garduño, Secretaria de Género de la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación, advirtió que las mujeres sufren de acoso, violencia en calles y domicilios, además de un trato discriminatorio por parte de las plataformas, ya que si no pueden llevar una mochila de más de 10 kilos, son suspendidas.
«Estamos cansadas de pedir. Hoy exigimos que se legisle la Ley de plataformas digitales, la cual debe tener esta perspectiva de género», subrayó Garduño. Esto en relación a la reforma a la Ley Federal del Trabajo que quedó pendiente desde el año pasado.
Durante el Foro, trabajadoras de plataforma de 7 países y 8 sindicatos, acordaron 5 claves para un Convenio Internacional en Plataformas Digitales con enfoque de género. Estos se refieren al cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre discriminación en materia de ocupación y empleo (100 y 111); además del 97 y 143, sobre trabajadores migrantes y el 3 sobre protección a la maternidad.
También una reglamentación específica que garantice la transparencia algoritmica, para que se prohíba el uso de datos personales, por ejemplo, sexo y nacionalidad, que puedan provocar discriminación.
Otro de los convenios es una reglamentación que genere obligaciones por parte de las empresas para establecer un protocolo anti acoso y procesos de sensibilización en materia de violencia de género.
Otro de los acuerdos es que las empresas deben establecer espacios de acondicionamiento, higiene y bienestar para las trabajadoras; así como la posibilidad de indemnizar a los trabajadores por accidentes de trabajo.
Durante el foro participó Angélica Salgado, Consejera Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, quien aseguró que el trabajo de plataforma no cumple con los estándares de un trabajo decente y además existe discriminación de género. «Somos trabajadores discriminados peleando contra dos monstruos: los políticos y las plataformas», recalcó.
Por su parte, Beatriz García, Directora Adjunta del Centro de Solidaridad en México planteó que las mujeres valoran la flexibilidad y autonomía del trabajo en plataformas digitales. Pero el precio que pagan es muy alto, ya que enfrentan dificultades para cumplir con los objetivos de un número mínimo de horas en estas plataformas, debido a las responsabilidades domésticas, lo cual también reduce sus
ingresos.
«La ausencia de leyes laborales que reconozcan el trabajo a tiempo parcial y flexible también actúa como una barrera, limitando la disponibilidad de este tipo de oportunidades laborales, que con mayor frecuencia son buscadas por las mujeres para lograr un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal. México no ha avanzado en estos temas a pesar de las iniciativas que ya existen en el Congreso de la Unión”, agregó Kruskaya Hidalgo, especialista de Organización del Centro de Solidaridad en México.
Asimismo, instaron al Gobierno mexicano, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a generar espacios de conversación y acción incluyentes, que se traduzcan en la regularización del trabajo en plataformas digitales en el país.
En este sentido, Omar Alberto Laborde, Subdirector en la Dirección General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, señaló que desde el 2021 se está trabajando en una reforma para regular el trabajo en plataformas y ésta se podría discutir en el Congreso en lo que resta del periodo ordinario de sesiones, o bien, en el que inicia en 2024.
Paz Arancibia, especialista senior regional de género y no discriminación para América Latina y el Caribe de la OIT, afirmó que, en 10 años, los trabajadores de plataforma se han quintuplicado en el mundo. Por lo que el organismo internacional generará una normatividad internacional para el 2026.
