Fernando Rangel de León.
La Constitución, la misma a la que el pasado 5 de febrero las autoridades de todo el país homenajearon de muy diversas formas, y por la que tuvimos un día de descanso obligatorio, fue la que violó flagrantemente el Director de Seguridad Pública Municipal de Torreón, César Perales Esparza.
Resulta que un ciudadano fue asaltado en su domicilio por un ladrón que se quería llevar algunos de sus bienes, a lo cual valientemente se opuso, enfrentándolo a golpes para impedir que los sustrajera, a lo que el ratero se resistió al máximo; y al que detuvo hasta que llegó la Policía Municipal de Torreón, entregándoselo para que se lo llevara; siendo todo esto último dentro de la Constitución.
Lo anticonstitucional fue que la Policía se llevó preso a la víctima del frustrado robo, con allanamiento de morada, acusado de haberle causado lesiones al ladrón, durante el forcejeo que sostuvieron ambos dentro del mismo allanado domicilio.
La recién celebrada Constitución, dice: “Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.”; lo cual hizo la víctima al pie de la letra.
No es la primera vez que la Policía Municipal de Torreón, viola flagrantemente la Constitución, deteniendo a las víctimas de los delitos y facilitándoles la libertad a los delincuentes; pues hace poco detuvieron a un ciudadano que en legítima defensa impidió que le causaran un daño a él y a sus bienes; y la cual está garantizada en el Código Penal, como una forma de eximir de responsabilidad penal a quien la pone en práctica.
La razón de la legítima defensa o defensa propia es que mientras que el que quiere matar o robar a uno o a los suyos o violarlo o cometer cualquier otro delito, no tiene derecho alguno para hacerlo, el que mata al agresor para impedir que consuma esos delitos, tiene todo el derecho del mundo para hacerlo, pues la leyes y el Estado no le pueden poner a cada uno un policía para que lo defienda, por lo que uno debe hacerlo como una especie de policía.
Desafortunadamente, el Gobierno no le pone como un requisito de ingreso a todos los policías, el elemental conocimiento de la Constitución, para que ellos sepan cuáles son sus límites ante los ciudadanos, y conozcan -aunque sea superficialmente- todos y cada uno de los múltiples derechos humanos que están consagrados en ella como garantías individuales, para que no los violen.
