Samuel Cepeda Tovar.
Ya con mayoría calificada en el Congreso que iniciará labores en septiembre de este año, todo parece indicar que el presidente Andrés Manuel López Obrador retomará las reformas que le fueron negadas durante su gobierno al no contar con este tipo de mayoría, pero que en esta reciente elección ha logrado obtener y que forma parte de su llamado plan C; que suponía que Morena obtuviera estos resultados aplanadores en el Congreso para volver a impulsar la agenda legislativa que le fue temporalmente negada.
Reformas tan discutibles como la de los organismos autónomos y la del poder judicial se perfilan como las principales protagonistas de las últimas reformas que el presidente enviará al Congreso para su aprobación como colofón de su mandato presidencial. La primera conocida como la iniciativa para la “extinción de órganos con duplicidad de funciones”, implica la desaparición de estas instituciones: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
La segunda, la reforma al poder judicial implica la reducción del pleno de la Suprema Corte de 11 a nueve ministros; la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial independiente a la Suprema Corte; la prohibición a la Suprema Corte para la suspensión de leyes con efectos generales; plazos máximos de medio año para la resolución de asuntos fiscales, y un año para asuntos penales; la renovación de todos los cargos de ministros de la Suprema Corte en 2025 y la elección de los ministros de la SCJN por elección popular.
Sobre estas dos reformas de manera breve y coloquial mencionaré mi postura derivada de mi experiencia como ciudadano y catedrático. Como ciudadano, participé en la convocatoria para integrar el consejo general del IEC en Coahuila, órgano encargado de las elecciones que pareciera duplicar el trabajo del INE. Ciertamente debido a mi experiencia en que obtuve de las más altas calificaciones en las evaluaciones y quedar desechado al final, y observar como personas ligadas a partidos políticos y con resultados en evaluaciones bastantes cuestionables integraron ese consejo general me dejó la constancia de un proceso de simulación que nada abona a la imparcialidad y el profesionalismo del IEC.
Finalmente, en mis clases, cuando abordamos sistema político mexicano, cuando analizamos los cargos de los ministros que duran 11 años ganando casi medio millón mensuales, y con un país en donde la justicia parece ser solo para privilegiados, los alumnos me preguntaban qué se necesitaba para ser ministro. Mi respuesta: ser amigo del presidente para que te proponga y conocer a los senadores para que voten por ti, es decir, ser una persona influyente.
Esas dos vivencias, dejan claro que las reformas son necesarias, que el sistema debe abrirse a verdaderos conocedores de la realidad, de la ciencia ya sea electoral o judicial, y no conocedores de gente poderosa o de alcurnia para poder llegar a cargos que siguen siendo elitistas y no meritocráticos. Adelante con las reformas.
