La rebelión de las masas y el derecho de amparo.
Luis Fernando Hernández González.
Los expertos en derecho exhiben sus distintos puntos de vista cuyo contenido y alcances tendrían repercusiones de grave consecuencias de llevarse a aplicación la reforma judicial tal como el régimen de López Obrador la plantea, pues sus repercusiones tanto internas como externas derivarán en una situación de confrontación y conflicto de graves consecuencias en los diferentes ámbitos de las actividades públicas y privadas que rigen la vida organizativa del país, como también en aquellos actos y su repercusión, con difíciles consecuencias en tratados y acuerdos de diversa índole que nuestra nación a suscrito en el ámbito del derecho internacional.
El experto constitucionalista Diego Valadés, señala que el mismo gobierno no alcanza a calibrar la afectación de la iniciativa de la Reforma Judicial, bajo sus consecuencias jurídicas, fiscales, económicas, políticas y de repercusión social que esto significa.
Para el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el país se encuentra en riesgo de consolidar un absolutismo presidencial en el que ministros, magistrados y jueces sean los que elige el presidente; ya no quedará nada de la división de poderes ni de la autonomía de la jurisdicción.
Para los especialistas en investigación jurídica de nuestra máxima casa de estudios como es la Universidad Nacional Autónoma de México, en su análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024). Nos señalan lo siguiente: Desde 1940, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM ha cumplido con la función de realizar investigación jurídica especializada del más alto nivel. A través de los trabajos de su personal académico ha contribuido de manera decisiva a la creación y consolidación del Estado mexicano, en concreto de las instituciones jurídicas. El IIJ ha participado en los grandes debates de la vida nacional, y se ha caracterizado por su rigor técnico, su profundidad argumentativa y su pluralidad. El gran paquete de iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República el 5 de febrero de 2024 no podía ser la excepción, dada la enorme relevancia de los cambios planteados.
Con esta obra, coordinada por cuatro académicos, el IIJ cumple con su responsabilidad de contribuir a la discusión de los grandes problemas nacionales. Desde hace varios años, los ejercicios de parlamento abierto han sido fundamentales para la mejora de las reformas constitucionales y legales. Esta práctica deriva de la evolución del derecho a la información y la transparencia, la obligación de rendición de cuentas y el derecho a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Este ejercicio se da en el contexto del Estado democrático de derecho, en el que la democracia se interpreta con un contenido más sustantivo, no únicamente procedimental.
Es decir, se busca avanzar hacia una democracia más deliberativa, que no se reduzca el ejercicio del derecho al voto cada cierto tiempo para elegir entre las personas postuladas por los partidos políticos. En esta concepción más robusta de la democracia y del Estado de derecho, los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, tienen un papel fundamental, que debe condicionar la creación y la interpretación de las normas jurídicas. Ello requiere de un diálogo deliberativo y abierto de la sociedad, en el que se escuche la diversidad de voces y análisis de la sociedad y las personas especialistas. El papel de las y los juristas es fundamental, dada la necesidad de emplear un lenguaje técnico que permita garantizar la seguridad jurídica a todas las personas.
Es con este espíritu que Sergio López Ayllón, J. Jesús Orozco Henríquez, Pedro Salazar y Diego Valadés reúnen en este volumen a algunas de las voces más autorizadas en las distintas temáticas que abordan las iniciativas. Se trata de un diálogo plural, como corresponde a nuestra Universidad, con posturas divergentes, pero caracterizadas por el rigor académico y una sólida argumentación de sus autores y autoras, así como un genuino interés en que las instituciones de nuestro país, en concreto las disposiciones constitucionales y legales, respondan a las necesidades de una sociedad también plural, diversa y en constante transformación.
Nuestro país ha avanzado de manera sustantiva hacia la distribución e independencia de poderes, el reconocimiento de los derechos humanos, la sujeción al Estado de derecho, la celebración de elecciones libres y el régimen plural de partidos; todos ellos, elementos sustanciales de la democracia representativa, según el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana.
Otras versadas opiniones, señalan que no hay progreso auténtico sin justicia. Se requiere, sin duda, una reforma integral que no sólo sea popular, sino que ataque el problema de fondo: habilitar y sostener, con la dignidad y la autonomía que requieren, a jueces, magistrados, ministros, secretarios y todo el personal judicial.
Las protestas y manifestaciones de rechazo lo vemos hoy en día por distintos grupos, asociaciones, profesionistas, comunicadores, empresarios y ciudadanos, que visualizan las graves consecuencias que, al concretarse la reforma judicial, provocaría un autoritarismo sin defensa de amparo para la vida institucional de la sociedad.
