Samuel Cepeda Tovar.
¿Cuál es la finalidad o la simple lógica de mantener un sistema que a todas luces no funciona? Esto solo denota la existencia de intereses muy particulares para apoyar la idea de la permanencia de un sistema inservible. La reforma al poder judicial en nuestro país ha polarizado a la opinión pública, pero me parece más sensata la voz de quienes piden un cambio al escenario actual que se resumen en los siguientes números: según la organización Impunidad Cero; de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México.
A estas cifras responde la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, solo el 10.3% de las personas dice confiar mucho en estas instituciones, por su parte, mexicanos contra la corrupción y la impunidad señala que “La impunidad por actos de corrupción es la regla. Las leyes no se cumplen. Las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia tienen muy mala reputación por corrupción.” No basta ser un erudito en temas de justicia, impunidad y legalidad en México, basta un lacónico vistazo a nuestra realidad para saber que el sistema no funciona, no sirve, o como bien lo señala Ana Laura Magaloni: “La […] justicia en México es como un coche desvalijado de los años setenta intentando transitar en una autopista moderna del siglo XXI”.
Entonces de entrada apoyar a los reformistas es avanzar, ¿hacia dónde?, no lo sabemos con claridad, pero dudo mucho que podamos rebasar estos números que mantienen a nuestro país en un escenario aciago en materia de justicia. Pero desgajemos la reforma presentada por el oficialismo: para empezar, disminuir de 11 a 9 el número de ministros y reducirles el tiempo en el cargo de 15 a 12 años no tiene un argumento pernicioso en contra, de hecho, presupuestalmente es mejor ya que además ningún magistrado podrá percibir más ingresos que el presidente de la república.
Ahora bien, el método de elección de magistrados, ministros y jueces serÍa por voto popular, pero las propuestas serán presentadas en partes iguales por el ejecutivo y las dos cámaras del Congreso de la Unión; actualmente a los ministros los propone el presidente y los vota el senado, es decir, el pueblo decide, pero el pueblo no propone, la realidad es que la idea no es descabellada.
Otro aspecto positivo es que se abre la posibilidad de que cualquier persona o autoridad pueda presentar denuncias contra los ministros, los magistrados, los jueces y el personal del Poder Judicial en su totalidad, es decir, se esfuma la percepción de intocables que tienen hasta la fecha los miembros del poder judicial lo que a mi juicio es positivo. Así mismo, se propone que se establezcan plazos determinados para resolver controversias, lo cual no solo es positivo, sino NECESARIO.
Finalmente, la idea de replicar este sistema en las 32 entidades federativas es más que positivo y necesario, es impostergable, pues la mayoría de los casos de corrupción se encuentra en las entidades federativas que se han convertido en auténticos nichos de corrupción: amiguismo en la repartición de plazas, tráfico de influencias, sometimiento al ejecutivo estatal, etc. La reforma es, pues, pertinente, al menos tiene más lógica que la que pide que todo siga igual, por extrañas y oscuras razones.
