Razones
Jorge Fernández Menéndez
La Fiscalía General de la República le da la razón a Ismael El Mayo Zambada: Héctor Melesio Cuén fue asesinado donde el jefe del Cártel de Sinaloa habría sido citado y donde, según su declaración, fue secuestrado y llevado a Estados Unidos. Según la FGR, encontró manchas hemáticas en ese rancho en las afueras de Culiacán que pertenecían al exrector de la Universidad de Sinaloa y diputado federal electo. El amigo cercanísimo del Mayo Zambada, cuya muerte fue simulada con un montaje por la Fiscalía de Justicia del estado, incluyendo un video que supuestamente mostraba que Cuén había sido asesinado casualmente esa noche, cuando intentaban robarle su camioneta. Todo era falso, un acto de complicidad de la Fiscalía con los grupos criminales.
No se sabe mucho de la investigación de FGR por la sencilla razón de que Estados Unidos no le ha informado nada al gobierno mexicano sobre lo sucedido ese día. Si lo que dice El Mayo es verdad, fue secuestrado en ese rancho y trasladado a Nuevo México ese mismo 25 de julio desde un aeropuerto cercano. Los medios estadunidenses han dejado trascender que fue un operativo de un equipo élite del HSI, que comanda Alejandro Mayorkas, pero lo cierto es que, sin conocer los detalles, esa operación de inteligencia se convirtió no sólo en un enorme triunfo para ellos, sino también en un operativo que desmontó desde las complicidades hasta los grados de empoderamiento criminal en el país.
Cuando se argumenta que ese operativo provocó la violencia en un estado “que estaba tranquilo” se olvida que en Sinaloa había más de 500 asesinatos al año y que hace cinco años vimos cómo, con el culiacanazo, los grupos criminales tomaron el control de la capital del estado. Lo que vino después fue una situación de falsa pacificación provocada por la prescindencia de las autoridades ante los grupos criminales, sobre todo en Culiacán.
Pero esa situación no es sostenible. El Mayo ya está en la corte de Nueva York, donde puede afrontar hasta la pena de muerte y está en situación de colaborar con las autoridades: el mismo abogado defensor del Mayo, Frank Pérez, es el de su hijo Vicente, el Vicentillo, quien es colaborador de la Fiscalía de Nueva York y que incluso desde hace tiempo ya está en libertad. También ayer el abogado de Ovidio y Joaquín Guzmán López, Jeffrey Lichtman, aceptó que ambos hermanos están en una negociación con las autoridades para aceptar su culpabilidad y colaborar.
Y si lo hacen hablarán del pasado inmediato, de los últimos cinco, seis años, que fue cuando adquirieron verdadero protagonismo, con amplias capas de protección, como se demostró en el propio culiacanazo, mismas que hubo que desmontar primero con el operativo que, por cierto, encabezó el general Ricardo Trevilla, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto y nuevo secretario de la Defensa, en Jesús María, cuando se detuvo a Ovidio en enero de 2023, capas de protección que terminó por exhibir la operación que terminó con Joaquín y El Mayo en Estados Unidos.
El 19 de agosto pasado escribíamos aquí que en expedientes de inteligencia federal se cuenta que, en diciembre de 2022, poco antes de la detención de Ovidio Guzmán, varios funcionarios del estado tuvieron una gira de trabajo en la sindicatura de Jesús María, a unos 60 kilómetros de Culiacán, donde repartieron bicicletas y juguetes a los niños de la zona, en un bazar con tres grandes carpas donadas por la señora Griselda López, la madre de Ovidio y Joaquín Guzmán López.
Al terminar el evento, los participantes y otras 20 personas fueron invitadas por Griselda a degustar barbacoa y cabrito en la misma finca donde quince días después fue detenido Ovidio, luego de un combate con fuerzas militares que dejó, oficialmente, 29 muertos, que posiblemente fueron muchos más debido al enorme círculo de seguridad que protegía a Ovidio. Ese día quedaron marcados muchos destinos que la caída de El Mayo y Joaquín en julio pasado dejó exhibidos. Y que las nuevas autoridades federales de seguridad y militares conocen.
Sin duda, la investigación de la FGR debe dar respuestas y certidumbres. El problema es que la información central no la tiene ni la Fiscalía ni el gobierno federal, está en Estados Unidos y será desde allá donde se administrará. No es casualidad que las próximas comparecencias de Ovidio, Joaquín y El Mayo sean en enero, a pocos días de que asuman las nuevas autoridades en la Casa Blanca. Ellas decidirán qué curso tomar.
CHIAPAS
Chiapas está al borde de una guerra civil, lo reconoce Luis Hernández, en La Jornada, un periodista con gran cercanía con el expresidente López Obrador y con el movimiento zapatista. Es verdad: la situación es dramática y tiene ya muchos meses arrastrándose con la más absoluta prescindencia y complicidad del gobierno de Rutilio Escandón, por acción y por omisión.
En Chiapas, como en Sinaloa y otras zonas del país, no sólo está desafiada la seguridad pública e interior, sino también la seguridad nacional: la frontera sur está bajo control criminal, enfrentados con las autoridades militares y entre sí, con enormes sufrimientos de la población, sobre todo indígena.
Tapachula es ya la ciudad más insegura del país, más de 91% se siente inseguro allí. Más allá de que se vaya Escandón y llegue en diciembre Eduardo Ramírez, Chiapas requiere una intervención federal tan profunda como la que se dio en 1994 y años posteriores, hasta darle una gobernabilidad mínima al estado. Una receta que se debe aplicar también en varias otras partes del país, incluyendo, donde sea admisible y aprobada por el Congreso, hasta la desaparición temporal de poderes en esos estados.
