Julio Hernández López
Aun cuando los posicionamientos de cada parte parecieran irreductibles, se han mantenido canales de diálogo en busca de impedir una crisis constitucional a causa de la reforma judicial que dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, consideran letra constitucional ya inamovible en las actuales circunstancias, mientras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprestan a analizarla y eventualmente modificarla, e incluso, en un extremo que podría llevar a fuertes movilizaciones sociales, frenarla.
Por lo pronto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha abierto un sendero relativamente intermedio: que sí haya elección por voto popular de los ministros de la Corte, actualmente 11, pero no en cuanto a jueces y magistrados, que son la gran masa a elegir y de donde proviene el principal activismo contra la citada reforma judicial.
Por otro lado, se negocia con siete ministros para que en estas horas renuncien virtualmente a continuar en su cargo, al anunciar que se abstendrán de participar en el proceso eleccionario judicial del año próximo, aunque se mantendrán en funciones hasta después de realizarse (uno de ellos saldrá, por cumplir su periodo, el próximo mes), a cambio de recibir el máximo posible de su pensión por jubilación y prestaciones. La ministra presidenta, Norma Piña, aún estaría en la indefinición, y las tres identificadas con la 4T, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, han mencionado que se postularán a los comicios de 2025.
Despejado el panorama en la cúpula, si los ministros efectivamente renunciaran de manera indirecta (oficialmente sólo informarían que decidieron no participar en la elección) y posdatada (a cumplirse en 2025, luego de las votaciones), quedaría pendiente el punto cuantioso de los jueces y magistrados. La 4T tendría ganancia relevante: elección popular de los ministros de la Corte, e incluso de los magistrados electorales, y validación del tribunal disciplinario, pero tal victoria no sería completa si se mantuviera el aparato tradicional de jueces y magistrados.
De entrada, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, político de posturas cambiantes conforme a las instrucciones superiores, ha rechazado cualquier modificación a la letra constitucional aprobada en las cámaras legislativas. No pronunció ayer la palabra desacato
, pero de manera implícita la asumió al señalar que la elección se realizará en los términos aprobados en el Congreso federal, pues la posibilidad de que se llegue a aprobar el proyecto GAC (González Alcántara Carrancá) significaría, a juicio del zacatecano, una barbaridad
.
Lo cierto es que poco tiempo para las definiciones le queda al reloj de arena. La maquinaria legislativa avanza en la normatividad para los comicios judiciales y en el blindaje contra futuros amparos contra reformas constitucionales que la aplanadora morenista llegue a aprobar; la presidenta del Instituto Nacional Electoral se parapeta tras una resolución del Tribunal Electoral federal para continuar con el proceso de votaciones de 2025; la oposición sigue sin brújula, líderes ni argumentación aceptables (ya sin el PRI de Alito, que en los hechos está negociadamente listo para ayudar a Adán Augusto López en los momentos claves). Y la propia Corte debe desahogar ya sin mayor dilación los casos de amparos e impugnaciones contra la multicitada reforma judicial. Tic tac…
Y, mientras Donald Trump sube de manera escandalosa sus posturas de racismo y discriminación, como adelanto de un endurecimiento en el tema migratorio en caso de ganar por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos, además de insistir en la amenaza de intervencionismo armado en México para combatir a grupos del crimen organizado, ¡hasta mañana, con Mario Delgado comenzando a sufrir su incompatibilidad, no sólo operativa, ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación!
