Fernando Rangel de León.
Como parte del servicio social que prestamos, han acudido muchas personas en pos de una orientación sobre los problemas que están teniendo con empresas en las que han invertido a veces cantidades millonarias producto de sus pensiones, que a la vez son fruto de muchos años de trabajo, principalmente en el Magisterio.
La mejor publicidad de esas empresas para atraer a nuevos inversores es dándoles a los que ya invirtieron, atractivas ganancias, al principio; como por ejemplo darles 30 mil pesos mensuales por una inversión de 2 millones; lo que los deslumbra; pues desafortunadamente la banca privada da poquito, pero segurito.
A los incautos esas empresas los hacen firmar contratos forzosos de 5 años, u otros periodos; obligándoles a no salirse de ellas; para “jinetearles” bien y bonito sus inversiones obteniendo ellas pingües ganancias, y una vez obtenidas éstas las sobras se las dan a los inversionistas a título de dividendos.
Después de algunos meses van rezagándose en el pago de esos dividendos, empezándose a desesperar los inversores por el incumplimiento puntual de sus pagos, hasta que desconfían por completo de esas empresas, que después de investigarlas resultan “fantasmas”; toda vez que no se constituyeron conforme a la ley; no tienen un patrimonio propio, no tienen bienes inscritos a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, no están regulados por organismos de empresas inversoras, etcétera; todo lo cual cumple a cabalidad la banca.
Por lo que ante la incertidumbre los inversores acuden a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUSEF, la que se declara incompetente porque esas empresas “patito” no están constituidas conforme a las leyes federales.
Los domicilios que esas empresas señalan en los contratos, desaparecen o cambian continuamente; las firmas de ellas en los contratos son ilegibles y no tienen los nombres de sus autores; poniendo testigos de “paja”.
Nos informan que son cientos y miles de estos inversores que ya desconfían de estas empresas y que están a punto de perder su único patrimonio, y que ya no hallan qué hacer.
Nuestro consejo es que hagan público por todos los medios de información esta forma sistemática de estafa, para que ya no haya más incautos; y que vayan directamente a la Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO, que está obligada a defender a todos los consumidores de bienes y servicios, para que no le echen “dinero bueno al malo”, en sus defensas.
