Jesús M. Moreno Mejía.
“El político piensa en las
próximas elecciones y el
estadista en gobernar.”
Parafraseando a
Otto von Bismarck.
Ha causado revuelo en el mundo político, el aparente distanciamiento personal, e incluso institucional, entre el gobernador Manolo Jiménez, y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pero ambos fingen o aparentan que no existen diferencias.
Desde el año pasado surgieron los indicios, al manifestar el presidente Cepeda González, que prescindiría de los elementos policiacos estatales asignados al municipio de Torreón, defendiendo una supuesta autonomía en materia de seguridad pública, lo que para muchos fue interpretado como una rebelión a la autoridad estatal.
Incluso trascendió que para suplir a los policías estatales, vendrían elementos de seguridad del vecino municipio de Gómez Palacio, Dgo., por así haberlo solicitado un empresario de la vecina ciudad duranguense, como retribución al “apoyo” dado a Román Alberto para su campaña política en la búsqueda de la reelección (que ya obtuvo) y la mira a lanzarse en 2029 como candidato a gobernador de Coahuila.
Hubo de mediar el caso el secretario de gobierno, Óscar Pimentel, para hacer entrar en razones al alcalde de Torreón y luego éste hacerse presente en Palacio de Gobierno, donde al final de cuentas, el ejecutivo y el edil “fumaron la pipa de la paz”.
Luego vinieron nuevos rumores vertidos en columnas políticas de algunos medios informativos y de opinión, afirmando que los principales operadores electorales de la campaña política de Cepeda González del año pasado, particularmente Mario Cepeda Ramírez, Lauro Villarreal, Verónica Martínez, esperaban que el alcalde les retribuyera con favores políticos los votos que por su intervención había obtenido.
Sin embargo, en el caso de Mario Cepeda Ramírez, regidor electo de la Administración Municipal 2025-2027, ex diputado local de Coahuila y líder cenopista, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de lesiones amenazas y discriminación bajo la causa penal 2085/2024; luego, la jueza Judith Arzate, dictó medidas cautelares al imputado, tales como el uso de un brazalete electrónico localizador, que le imposibilita salir de la ciudad, así como la suspensión temporal de ocupar un cargo público.
Además, los resultados de la Auditoría Superior del Estado (ASE) al ejercicio presupuestal y al desempeño del llamado Simas Rural, arrojaron un faltante de una cifra considerada escandalosa: 15 millones de pesos. Este asunto se perfila como uno de los grandes escándalos de corrupción, y tiene una conexión política, pues es uno de los bastiones del mencionado Mario Cepeda, quien entre amagos y desafíos previos, enfrenta el peor momento de su trayectoria política.
Y es que durante años el control del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón–Matamoros lo ha tenido Cepeda Ramírez, ocupado la gerencia, y desde ahí los miembros de su grupo político han sido protagonistas de casos de corrupción.
Precisando, desde septiembre pasado Mario Cepeda tuvo expresiones políticas que fueron un desafío abierto al gobierno estatal y de ahí que la vinculación a proceso penal de él y de su hija Xóchitl (también inhabilitada como edil) haya tenido una lectura política, por haber agredido a Silvia Garza, directora de relaciones públicas del ex gobernador Miguel Ángel Riquelme, golpeada por ambos durante un acto priista en 2022.
Dado el proceso judicial que enfrenta actualmente Cepeda González, no podrá asumir como séptimo regidor de la nueva administración de Román Alberto, el 3 de enero próximo, y según ha trascendido (pues no hay anuncio oficial al respecto), será Raúl Garza Del Valle quien supla al multicitado Mario Cepeda.
Por su parte, el presidente reelecto se ha visto involucrado en una serie de pifias e irregularidades, como la compra de focos ahorradores por una cantidad que en un principio se dijo significarían 9 millones del erario, destinados a personas de escasos recursos, para luego aparecer que fueron erogados 12.891 millones de pesos. Así como lo invertido para una “casa de cuna”, que primero se anunció representarían 28 millones de pesos, pero al final resultaron 55 millones de pesos.
Todo lo comentado en los “mentideros políticos” locales y estatales sobre los dichos escándalos han sido cubiertos con la “$ombra del silencio”, impuesta por las autoridades a los medios involucrados, en lugar de hacerse el desmentido público a fin de no hacer crecer esos problemas.
¡Hasta la próxima!
