Fernando Rangel de León.
Al prohibir la Constitución hacerse justicia por propia mano, obligó al Estado a impartirla pronta, completa, imparcial y gratuitamente, por los juzgados y tribunales que estarán expeditos para ello; como un servicio público para todos los justiciables.
La elevada cantidad de justiciables, hace que esos órganos impartidores de justicia sean insuficientes, y los que hay no pueden con la enorme carga de juicios, a tal grado que los propios jueces violan la Constitución al señalar fechas de audiencias para meses después, cuando la ley los obliga a celebrarlas en unos cuantos días; pretextando que la carga de trabajo no lo permite.
Para tratar que la justicia sea pronta y expedita, en febrero de 2025, en la Cámara de Diputados, se pretenderá una reforma constitucional para facultar a los notarios públicos a que impartan justicia en juicios de divorcios, sucesorios, traslados de dominio, adjudicaciones y otros.
El problema es si en esa reforma constitucional se les obligará a los notarios a impartir la justicia de manera gratuita; pues ellos son unos particulares que cubren sus propios gastos y por ello cobran sus honorarios al público usuario; en ocasiones muy elevados por parte de algunos fedatarios carentes de vocación y de conciencia social, a tal grado que exigen el pago de $1,000 o hasta más por cada una de las firmas de quienes intervienen en el documento al cual dan fe pública.
Pero si los notarios públicos van a cobrar por impartir justicia, significa que ésta se estaría privatizando, lo que viola flagrantemente la Constitución en perjuicio de todos los mexicanos.
