Fernando Rangel de León.
Las comisiones de Derechos Humanos, tienen su origen en el Ombudsman, palabra sueca que puede traducirse en el defensor del pueblo, y que en México, se incluyó en la Constitución, en los 90’s, como Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, como un medio para contentar al pueblo ante tanto abuso de autoridad, y que se extendió a todos los estados de la República.
Las víctimas de los abusos de la autoridad presentan sus quejas por violaciones a sus derechos humanos, ante las comisiones defensoras de los mismos que les dan curso, solicitan los informes a las autoridades denunciadas, acuden a audiencias, se ofrecen, desahogan y recepcionan pruebas, finalizando el procedimiento, y si es que se comprobaron las violaciones los responsables son sancionados con simples recomendaciones de que se porten bien y no lo vuelvan a hacer.
En países como Suecia, Noruega y otros, en los que los funcionarios públicos tienen mucha dignidad y orgullo, cuando son denunciados por violaciones a los derechos humanos, y reciben recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, para que no vuelvan a hacerlo; por vergüenza, han llegado a renunciar a sus puestos públicos.
En estos alrededor de 34 años de funcionar las comisiones estatales de derechos humanos en México, jamás se ha sabido de un solo funcionario que haya sido denunciado por violación a los derechos humanos y encontrado responsable, que haya renunciado.
Al contrario, la mayoría de los funcionarios públicos denunciados por violaciones a los derechos humanos, son nombrados para puestos públicos más altos y han sido candidatos a puestos de elección popular de todos los niveles y en todo el país, y desafortunadamente han ganado.
Es que el procedimiento por violación a los derechos humanos de los funcionarios públicos, terminan con una recomendación (sentencia), que no es vinculatoria, es decir, que no obliga al funcionario público denunciado a enmendar su abuso de autoridad.
Las recomendaciones de las comisiones estatales de los Derechos Humanos, son como “las llamadas a misa”, que el que quiere ir va.
Por eso es muy plausible y todos los mexicanos debemos de apoyar la propuesta de que se reforme la Constitución, para que las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos, sean vinculantes, o sea, obligatorias para que a los responsables se les destituya de su puesto público y se les inhabilite por un largo tiempo para ocupar otro; para haber si así se abstienen todos los funcionarios públicos, de abusar de su autoridad.
