Virgilio Rafael González Guajardo.
Sin admitirlo de manera explícita, la actual presidente ha convertido a México en el denominado «tercer país seguro». Según la definición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un tercer país seguro es aquel que garantiza la protección de los solicitantes de asilo contra la devolución forzada a un territorio donde su vida o libertad corran peligro, permitiéndoles solicitar refugio conforme a los estándares internacionales.
En un contexto de relaciones bilaterales, se entiende por nacional de un tercer país (TCN, por sus siglas en inglés) a toda persona que no posee la ciudadanía de ninguno de los dos Estados involucrados. Dentro de organizaciones regionales, el término hace referencia a individuos cuya nacionalidad no corresponde a ningún país miembro de dicha organización.
Algunos nacionales de terceros países requieren reconocimiento como refugiados al no poder regresar a su país de origen, ya sea por la falta de garantías de protección por parte de su gobierno o debido a amenazas latentes contra su vida, libertad o integridad física. Estas amenazas pueden derivarse de conflictos armados, crisis humanitarias, disturbios sociales o situaciones de violencia generalizada. Incluso en ausencia de necesidad de protección internacional, algunos individuos de terceros países enfrentan dificultades para retornar a sus lugares de origen debido a vulnerabilidades particulares o factores humanitarios.
El ACNUR desempeña un papel fundamental dentro de los mecanismos interinstitucionales que buscan garantizar la adecuada protección de las personas en situación de vulnerabilidad, colaborando con entidades nacionales e internacionales para atender sus necesidades específicas. En escenarios de migración mixta, el organismo diferencia a los nacionales de terceros países de solicitantes de asilo, refugiados y personas apátridas, canalizándolos hacia las instancias correspondientes salvo que su situación amerite protección internacional.
No obstante, la situación de inseguridad en México desmiente la percepción de ser un territorio seguro para nacionales o extranjeros. El hallazgo de fosas clandestinas en el ejido Patrocinio, en San Pedro de las Colonias, Coahuila, es una muestra contundente de la vulnerabilidad en la que se encuentra la ciudadanía. A esta crisis humanitaria se suma la preocupante falta de atención gubernamental a las solicitudes de diálogo en materia de seguridad. Desde hace más de un año, he solicitado audiencias con los responsables de gobernabilidad y seguridad en Coahuila para presentar un proyecto de seguridad pública, resultado de una investigación avalada por el otrora CONACYT. No he recibido respuesta alguna, lo que evidencia un preocupante desinterés por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos.
Desde la perspectiva geopolítica, la presidente y su equipo de asesores parecen incapaces de comprender la realidad nacional, mostrando una preocupante falta de visión y criterio. En su afán por desarmar a la población civil respetuosa de la ley, están desprotegiendo a los ciudadanos mientras el crimen organizado opera con total impunidad. Es ingenuo suponer que los delincuentes regularizarán sus armas mediante los cauces legales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), mientras los ciudadanos honrados se ven privados del derecho a la defensa propia.
La prioridad del gobierno no debería ser el desarme de la población trabajadora y respetuosa de la ley, sino el combate frontal a la delincuencia. La inseguridad creciente en el país es testimonio de una estrategia fallida que ha dejado a las familias indefensas ante la criminalidad.
Además, la falta de políticas públicas efectivas en materia de salud, educación y desarrollo económico ha debilitado a la sociedad mexicana. Un país con ciudadanos bien alimentados, con acceso a servicios de salud de calidad y educación integral es una nación con capacidad para generar riqueza sin depender de subsidios gubernamentales. No obstante, el abandono del campo, el colapso del sistema de salud y la transformación del sistema educativo han reducido las oportunidades para millones de niños y jóvenes, privándolos de la posibilidad de un futuro prometedor.
Es fundamental replantear las estrategias gubernamentales para garantizar la seguridad, el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos, evitando decisiones que comprometan el futuro del país en aras de intereses ajenos a la población mexicana.
Las influencias geopolíticas en la toma de decisiones del gobierno mexicano tienen profundas repercusiones en la economía nacional, dado que México es un país estratégicamente ubicado y con fuertes vínculos comerciales y diplomáticos con diversas potencias mundiales. En un mundo globalizado, los movimientos geopolíticos impactan directamente en la estabilidad financiera, el comercio exterior, la inversión extranjera y las políticas económicas internas.
Uno de los principales factores geopolíticos que influyen en México es su relación con Estados Unidos, su principal socio comercial en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las decisiones de Washington en materia de política exterior, aranceles y regulación migratoria pueden afectar significativamente sectores clave de la economía mexicana, como el manufacturero, el agrícola y el energético. Por ejemplo, la imposición de aranceles al acero y al aluminio por parte de EE. UU. en el pasado generó incertidumbre en los mercados y obligó al gobierno mexicano a tomar medidas para mitigar el impacto.
Asimismo, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos han obligado a México a diversificar sus relaciones económicas, buscando fortalecer lazos con otras potencias como la Unión Europea y países de Asia. La atracción de inversión extranjera directa (IED) se ve influenciada por estos conflictos, ya que empresas buscan reubicar sus cadenas de suministro y México, con su proximidad geográfica y acuerdos comerciales, se ha beneficiado de la relocalización de industrias.
Otro aspecto geopolítico relevante es la dependencia energética y la política interna respecto a los hidrocarburos y energías renovables. Las decisiones de organismos internacionales y de actores como la OPEP pueden afectar los precios del petróleo, impactando la balanza comercial y los ingresos gubernamentales. Además, la presión de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en la formulación de políticas económicas también incide en la estrategia financiera del país.
En conclusión, la geopolítica juega un papel fundamental en la toma de decisiones del gobierno mexicano y sus efectos en la economía nacional son innegables. Ante este panorama, es crucial que México mantenga una estrategia de diversificación comercial, estabilidad macroeconómica y políticas que fomenten la inversión y el desarrollo interno para mitigar los efectos negativos de los cambios en el escenario global.
Tensiones comerciales entre México y Estados Unidos por amenazas arancelarias
Las recientes amenazas de Donald Trump, de imponer aranceles del 25 al 35% a las importaciones provenientes de México han generado preocupación en diversos sectores económicos, especialmente en la industria automotriz. México, siendo el octavo mayor exportador mundial de automóviles, envía alrededor del 80% de su producción a Estados Unidos. Esta medida podría poner en riesgo miles de empleos y más de 100.000 millones de dólares en ingresos, afectando a ciudades como Cuautitlán Izcalli, donde Ford tiene una planta significativa. La reubicación de la producción a Estados Unidos sería un proceso costoso y complejo, considerando la falta de infraestructura y mano de obra especializada.
En respuesta a estas amenazas, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, ha enfatizado que ni las amenazas ni los aranceles son soluciones efectivas para abordar problemas como la migración y el consumo de drogas. Sheinbaum ha abogado por el diálogo y la cooperación, destacando que la imposición de aranceles afectaría negativamente a empresas de ambos países y podría poner en riesgo empleos en sectores estratégicos. Además, ha instruido al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a preparar medidas arancelarias y no arancelarias en represalia, subrayando que México negociará con dignidad y respeto a su soberanía.
Una guerra comercial entre México y Estados Unidos tendría consecuencias negativas para ambas economías. La imposición de aranceles podría encarecer productos esenciales, afectar cadenas de suministro y reducir la competitividad de la región de América del Norte. Empresas como Tesla ya han expresado su preocupación, advirtiendo que tales políticas podrían resultar en pérdidas millonarias y afectar la competitividad de sus productos en el mercado internacional. Además, la incertidumbre generada por estas medidas podría desalentar la inversión y ralentizar el crecimiento económico en ambos países.
