Jesús M. Moreno Mejía.
“La justicia no solo se propone
defender lo justo, sino lo útil.”
(Las opiniones de J.Coignard,
en un escrito de A. France)
Tenemos en puerta un proceso electoral inédito (si es que la CNTE lo permite), la selección popular de Ministros, Magistrados y Jueces federales y estatales, en torno a la cual se han abierto extremos puntos de vista, amplificando así el tono de la radicalización que prevalece en México desde que cambió la forma de gobernar el país, diferente a la que estábamos acostumbrados desde hace décadas.
El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según lo establecía antes el artículo 96 de la Constitución, lo hacía el Presidente de la República en turno, quien proponía una terna a la consideración del Senado y la designación se hacía por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado.
Sin embargo, de acuerdo a la reforma constitucional del año pasado, por primera vez la elección será por voto directo de la ciudadanía, tanto de ministros, como de magistrados y jueces, así como una serie de cambios significativos en la estructura y funcionamiento del sistema judicial.
Además, se propone reducir el número de ministros de la SCJN, pues en lugar de 11 serán ahora sólo 9, y el periodo de su encargo se acortará de 15 a 12 años. Además, se eliminará la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros. Por otra parte, habrá un nuevo Consejo de la Judicatura, pues la reforma lo sustituye por un Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargará de las funciones administrativas y de control interno del Poder Judicial.
El proceso electoral sería el 1 de junio de 2025 (si no es que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo impide), a fin de renovar todos los cargos judiciales mencionados, y será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de organizar dicho proceso de selección.
Es indudable que la justicia en México es, por lo general, inoperante y cargada de corrupción, pues los demandantes necesitan no sólo de un buen abogado, sino invertir tiempo y dinero para tener una resolución favorable en los tribunales, lo mismo en procesos judiciales federales, que en estatales.
Y es que los intereses de la parte demandada se defienden con toda clase de recursos, legales y económicos, ocasionando que la impartición de la justicia no se base en principios justos, sino útiles para quienes tienen en sus manos el poder pecuniario o las influencias necesarias en jueces y ministros. Porque la corrupción del poder judicial prevalece desde hace tiempo en casi todos los niveles.
Por ello es que con la reforma al Poder Judicial pretende transformar la estructura y funcionamiento del sistema judicial en México, promoviendo la elección directa de sus integrantes y el establecimiento de nuevas reglas y requisitos para su funcionamiento. Henrik Ibsen, dramaturgo y poeta noruego del siglo pasado, afirmó que “el que mira hacia dentro, ve como la justicia y la injusticia se convierten en una sola”, lo que nos demuestra que la imparcialidad de jueces y ministros no es privativa de nuestra nación, ni del siglo XXI.
Sin embargo, la intención es que la justicia sea ahora para quien le corresponda realmente, en especial para los más desprotegidos, así como disponer de una auténtica atención humana y eficiente en los juzgados. En síntesis, que no exista más corrupción en el poder judicial, si bien todo eso sigue siendo una promesa de los candidatos a ministros, magistrados y jueces federales, aunado a los estatales, concediéndoles por lo pronto el beneficio de la duda, hasta verlos convertidos en el cargo al que aspiran.
Todo cambio ofrece opiniones diferentes, favorables y adversas, en algunos casos positivos y otros negativos, según el punto de vista de cada quien, si bien podríamos comentar lo siguiente: Será un proceso inédito, apresurado y seguramente lleno de errores, pero al final de cuentas legal, pues está basado en las nuevas disposiciones de la ley.
Platón en su obra “La República”, señala que un hombre público no debe dejarse llevar por ambiciones personales, sino siempre orientado en la búsqueda del bien común, para lograr la justicia, y si no lo han logrado hoy la mayoría de quienes imparten la justicia, habrá que seguir buscando la solución.
Por lo pronto, quienes consideren que el nuevo proceso de elección del Poder Judicial es la vía necesaria, deberán acudir a votar el 1 de junio, y el que no estén de acuerdo, que procedan conforme al dicho popular, “Las llamadas a misa son para quienes quieran asistir.”
¡Hasta la próxima!
