La ejecución de Lilia Gema García Soto el domingo 15 de junio en San Mateo Piñas expone de forma cruda los desafíos que enfrenta la autoridad local en zonas remotas de México. Cinco individuos armados —llegados en motocicletas y cubiertos— irrumpieron a plena luz del día en el palacio municipal y la acribillaron junto con un representante comunitario. Según la Fiscalía de Oaxaca, el ataque duró alrededor de seis minutos y se registraron más de 60 disparos con armas de grueso calibre, como rifles AR‑15 y AK‑47.
Las líneas de investigación reveladas por la Fiscalía reflejan una compleja maraña de posibles motivaciones: desde denuncias formales hechas por la alcaldesa contra su antecesor por presunto desvío de recursos para la reconstrucción tras el huracán Agatha, hasta el robo a la tesorería municipal, la falsificación de su firma, conflictos por el tránsito de madera de tala ilegal y tensiones políticas surgidas en el proceso de elección por usos y costumbres.
Este homicidio no es un hecho aislado en Oaxaca. En mayo fue asesinado el presidente municipal de Santiago Amoltepec en circunstancias similares, y para 2025 se han documentado al menos 136 ataques contra funcionarios públicos en todo México, de los cuales 246 ocurrieron en los primeros cuatro meses del año —Oaxaca ocupa el cuarto lugar en este tipo de agresiones.
Pese a que San Mateo Piñas, con unos 2 000 habitantes, no era considerado un foco de violencia, la naturaleza planificada del ataque —ingreso organizado, armas de alto poder, duración breve y precisión— sugiere una operación deliberada y dirigida, muy posiblemente con respaldo de redes locales o intereses económicos que buscan controlar recursos o extorsionar a las autoridades.
Desde una perspectiva analítica, este crimen subraya varias fallas institucionales: la falta de mecanismos efectivos de protección para autoridades municipales, la insuficiente coordinación entre niveles de gobierno para prevenir ataques, y la impunidad endémica en crímenes similares. Aunque el gobernador de Oaxaca prometió colaboración con la Fiscalía y un despliegue de fuerzas federales, casos previos —como el asesinato del alcalde Mario Hernández— siguen impunes, y la justicia tarda o no llega.
Este episodio plantea además cuestionamientos sobre el ejercicio de los Sistemas Normativos Indígenas. San Mateo Piñas elige a sus autoridades por asamblea comunitaria, sin mecanismos de protección institucional. Cuando una alcaldesa se atreve a denunciar corrupción y desafiar intereses establecidos —desde manejo de fondos hasta negocios no regulados— queda vulnerable a represalias violentas.
En el plano político nacional, estas agresiones minan la gobernabilidad y desalientan la participación ciudadana. Si la violencia se emplea para controlar gobiernos locales, ¿qué señal se envía a la sociedad? Que las decisiones más básicas —como pedir cuentas o regular recursos— pueden costar la vida. Para las fuerzas políticas y el Estado, se vuelve urgente una estrategia que incluya protección preventiva, investigación rápida y reformas profundas al sistema de justicia. Sin estas acciones, la democracia en territorios vulnerables puede convertirse en un santuario de impunidad y miedo.
