En México, más del 30 % de los hogares son sostenidos por mujeres. Esta cifra, que a primera vista puede parecer solo un dato demográfico, encierra una transformación profunda en la estructura social del país y revela una deuda histórica del Estado con millones de madres trabajadoras. No se trata únicamente del aumento de mujeres que asumen solas la responsabilidad económica del hogar, sino del abandono institucional que enfrentan, el cual se traduce en pobreza, inseguridad laboral, violencia estructural y un horizonte de bienestar truncado tanto para ellas como para sus hijos.
Durante los últimos veinte años, el número de madres solteras ha crecido drásticamente. Los motivos son múltiples y complejos: aumento del divorcio, mayor autonomía reproductiva, migración masculina, o simplemente la decisión de asumir la maternidad sin pareja. Esta nueva configuración familiar ha expuesto la fragilidad de las políticas públicas en materia de protección social y laboral. A pesar de que una gran mayoría de estas mujeres participa activamente en el mercado de trabajo, muchas lo hacen desde la informalidad, con salarios bajos, sin prestaciones, y sin acceso a seguridad social.
El sistema económico se ha beneficiado históricamente de esta fuerza de trabajo barata, que además carga con la doble jornada del trabajo no remunerado en el hogar. Las mujeres que sostienen hogares lo hacen no solo como proveedoras económicas, sino como cuidadoras, educadoras y gestoras del bienestar familiar. Sin embargo, el Estado ha optado por ignorar esta contribución estructural. La desaparición o debilitamiento de programas como las estancias infantiles públicas demuestra la poca prioridad que tienen las madres trabajadoras en la agenda política.
El problema se profundiza cuando se analiza la dimensión de la pobreza. Hogares encabezados por mujeres presentan más carencias, menor acceso a alimentos y mayores dificultades para cubrir servicios básicos. Las redes familiares, como el apoyo de las abuelas, funcionan como paliativo informal, pero también son frágiles y no pueden sustituir la ausencia de una política pública robusta. En muchos casos, la pérdida de ese soporte intergeneracional significa una caída inmediata en los ingresos y la posibilidad de abandonar el empleo.
Además de la precariedad económica, estas mujeres enfrentan altos niveles de violencia, tanto dentro del hogar como en el entorno laboral y social. La mayoría ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. A ello se suma el desgaste emocional y psicológico que implica vivir bajo presión constante, en un país donde la salud mental sigue siendo un privilegio.
Frente a este panorama, la respuesta institucional ha sido insuficiente. Se requiere una política integral que reconozca el papel de las madres como pilar económico y social del país. Esto implica, por un lado, generar empleos dignos con acceso a seguridad social y guarderías públicas gratuitas; por otro, fortalecer los mecanismos de protección contra la violencia de género y ofrecer apoyos psicosociales reales. También es necesario repensar la política fiscal y redistributiva: no basta con subsidios aislados, se necesitan sistemas de transferencias que garanticen condiciones mínimas de bienestar para estos hogares.
La feminización de la responsabilidad familiar no puede seguir siendo normalizada como un hecho individual o resultado de decisiones personales. Es un fenómeno estructural que debe ser abordado con seriedad por el Estado mexicano. Ignorarlo es perpetuar la desigualdad. Atenderlo es una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa, más equitativa y verdaderamente incluyente.
