El gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Alfredillo”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Con esta medida, Washington vuelve a poner en el centro de su agenda de seguridad a los llamados “Chapitos”, quienes han heredado parte del control del Cártel de Sinaloa.
Jesús Alfredo, nacido en Jalisco en 1986, es considerado una pieza clave dentro de la organización criminal. Desde 2018 se encuentra en la lista de los más buscados por la DEA, acusado de conspiración para distribuir e importar drogas a gran escala. Su nombre ha aparecido en investigaciones sobre el tráfico de cocaína, metanfetaminas, marihuana y, en los últimos años, sobre el fentanilo, sustancia que ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos.
La decisión de ofrecer esta recompensa no es aislada. En junio pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Alfredo y a su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar, vinculándolos directamente con la producción y distribución de fentanilo. Con ello, la administración estadounidense busca presionar y fragmentar las operaciones del Cártel de Sinaloa, enviando un mensaje de que los herederos del imperio criminal no están fuera de su alcance.
El Alfredillo ha ganado notoriedad no solo por su papel como operador, sino también por los episodios que han marcado a “Los Chapitos”. En 2016 fue víctima de un secuestro atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que evidenció la feroz disputa entre organizaciones por el control del narcotráfico en México. Desde entonces, él y sus hermanos han sido catalogados como objetivos prioritarios, al tiempo que sus nombres aparecen en listas negras del gobierno estadounidense.
La recompensa de 10 millones de dólares refuerza la estrategia de Washington de golpear a las cabezas visibles de los cárteles, aunque en la práctica la captura de estos líderes no ha sido suficiente para frenar la expansión del narcotráfico. La caída del Chapo en 2016 y su extradición a Estados Unidos no desmanteló al Cártel de Sinaloa, que hoy sigue operando con gran capacidad de adaptación.
Más que una simple persecución individual, el anuncio refleja la escalada de la guerra contra el fentanilo y la intención de Estados Unidos de involucrar a la opinión pública en la captura de los fugitivos. La presión internacional sobre México también se incrementa, al exigir resultados concretos en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El caso de Jesús Alfredo Guzmán Salazar simboliza la continuidad de una estructura criminal hereditaria que, pese a golpes mediáticos y judiciales, mantiene su poder económico y territorial. La gran incógnita es si la recompensa logrará romper el círculo de protección en torno a los Chapitos o si, como ha ocurrido en el pasado, el Cártel de Sinaloa seguirá reinventándose ante cada golpe de las autoridades.
