Este martes, en el Santuario de Guadalupe en Saltillo, el obispo emérito Raúl Vera López tomó una decisión que desató una profunda controversia eclesiástica: permitió que Emilie Smith, una clériga de la Iglesia Anglicana de Canadá, participara activamente en la celebración de la misa, incluso pronunciando parte de la homilía y elevando el cáliz con la sangre de Cristo ya consagrada—gesto considerado exclusivo del sacerdote celebrante. Este acto, que Vera calificó como una homilía “extraordinaria”, y su propio reconocimiento de que no pidió permiso al obispo en funciones por decisión personal, lo lleva a admitir una falta disciplinaria, aunque insiste en que no hubo sacrilegio.
Desde el punto de vista del Derecho Canónico, lo acontecido representa una violación clara y grave. El canon 907 prohíbe a los laicos—y mucho más a ministros de otras confesiones—pronunciar la plegaria eucarística o manipular los elementos consagrados. Además, la normativa litúrgica indica que solo el celebrante ordenado tiene atribuciones para elevar los dones y llevar a cabo la plegaria eucarística. Por ello, expertos califican este hecho como un abuso litúrgico que puede incluso quedar bajo la definición de sacrilegio.
Las reacciones no tardaron en surgir. Desde sectores conservadores y fieles católicos, se han elevado voces de protesta y exigencia de medidas. La Diócesis de Saltillo ha respondido con contundencia institucional: se ha iniciado una investigación interna y se notificará el incidente al Vaticano. Serán los dicasterios para la Doctrina de la Fe y para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos quienes determinen si corresponde una sanción formal o corrección disciplinaria desde Roma.
Vera se ha defendido enfatizando que su decisión fue resultado de “sentido común” y ecumenismo, destacando el carácter de Emilie Smith como teóloga y activista comprometida con causas sociales como la crisis climática, pero también reconoce que la difusión del video de la misa complicó el escenario, al hacerlo público y propiciar una reacción masiva. Menciona haber dialogado con el obispo Hilario González, quien lo contactó preocupado por las repercusiones, aunque asegura que todo quedó aclarado entre ellos.
Desde un análisis político-religioso, el incidente no es menor: cuestiona hasta dónde puede llegar la apertura ecuménica en la Iglesia Católica sin vulnerar normas canónicas esenciales. También plantea interrogantes sobre el papel y la libertad de acción de un obispo emérito, cuya influencia pública no está sujeta a los mismos marcos de autoridad que un jerarca en funciones. Y, en un contexto más amplio, enfrenta a una institución que se declara en diálogo con la modernidad, movida por incentivos humanitarios y sociales, con sus tradiciones y estructuras jerárquicas.
En definitiva, el episodio de la misa con sacerdotisa no es una discrepancia menor: es un símbolo de tensión entre reforma y disciplina, entre la apertura a nuevas voces y la conservación de identidades litúrgicas. La resolución que se adopte desde el Vaticano definirá no sólo el destino de Raúl Vera, sino también la medida del margen de libertad que la Iglesia está dispuesta a conceder a voces disidentes o ecuménicas dentro de su propia liturgia.
