La corrupción que marcó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) parece haberse trasladado a Alimentación para el Bienestar, organismo que absorbió a Diconsa con la promesa de garantizar transparencia en la distribución de alimentos subsidiados. De 2022 a 2025, empresas irregulares obtuvieron contratos millonarios mediante adjudicaciones directas, simulación de competencia y uso de prestanombres, con un monto cercano a los 2 mil millones de pesos.
Uno de los casos más graves revela cómo la identidad de una mujer fue utilizada sin su consentimiento para crear una empresa ficticia que recibió contratos por más de 250 millones de pesos. A ello se suman compañías con domicilios falsos o imposibles de localizar, como bodegas sin actividad comercial, que sin embargo fueron beneficiadas con contratos millonarios para abastecer al Programa de Abasto Rural.
El patrón es similar al escándalo de Segalmex, donde se documentaron desvíos multimillonarios a través de redes de empresas fachada. Aunque el nuevo organismo fue presentado como una solución a esos fraudes, en los hechos se repite el mismo esquema: contratos opacos, beneficiarios conectados entre sí y ausencia de controles efectivos.
El impacto social de estas prácticas es profundo. Los recursos destinados a garantizar el acceso a alimentos básicos para comunidades vulnerables terminan desviados hacia redes de corrupción, mientras las carencias en las zonas rurales persisten. Políticamente, el caso representa un golpe a la credibilidad de un gobierno que ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas. Económicamente, implica un mal uso de recursos públicos que deberían reforzar la seguridad alimentaria en lugar de enriquecer a empresas irregulares.
El caso de Alimentación para el Bienestar confirma que la corrupción no desaparece únicamente con cambios de nombre o estructuras administrativas. Sin mecanismos sólidos de vigilancia y sanción, los viejos vicios se reproducen en nuevas instituciones. La repetición de este modelo de fraude pone en evidencia que la verdadera transformación requiere más que discursos: demanda transparencia, rendición de cuentas y consecuencias legales reales para quienes lucran con el hambre de la población.
