Morena impulsa una propuesta ambiciosa: destinar cerca de un billón de pesos a programas sociales dentro del proyecto de presupuesto para 2026. La iniciativa presentada por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar apunta a fortalecer los apoyos que impactan directamente en el ingreso de las familias, sin recurrir al aumento de impuestos o a la creación de nuevas cargas fiscales. En cambio, el planteamiento apuesta por una mayor eficiencia recaudatoria para financiar esta meta sin comprometer la disciplina fiscal ni aumentar el déficit público. Asimismo, incluye el financiamiento de grandes proyectos de inversión mediante legislaciones relacionadas con electricidad e hidrocarburos.
La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que el presupuesto actual para programas sociales se ubica en aproximadamente 835 mil millones de pesos, de los cuales el 82 % de los hogares mexicanos reciben apoyos directos sin intermediarios. La intención es añadir al menos 100 mil millones más en 2026, acercando el destino de recursos a la marca simbólica del billón.
Este incremento presupuestal llega en un momento significativo. En 2025 se destinaron más de 835 mil millones de pesos a los programas sociales prioritarios, incluso mientras el gobierno actuaba para reducir el déficit fiscal del 5,9 % al 3,9 % del Producto Interno Bruto (PIB). A pesar de ajustes en áreas como salud y defensa, los apoyos sociales —pensiones, becas e infraestructura social— se mantuvieron reforzados.
El planteamiento plantea varias preguntas con implicaciones políticas y económicas profundas. ¿Es viable destinar prácticamente un billón de pesos a programas sociales sin aumentar impuestos? Todo indica que la estrategia radica en cerrar los “agujeros” de evasión fiscal y mejorar la recaudación, aunque este camino no estará exento de presiones. Además, el compromiso de reducir el déficit fiscal requiere mantener un cuidado escrupuloso sobre los pasivos y las proyecciones macroeconómicas.
En una mirada política, esta apuesta reafirma el sello emblemático de Morena: consolidar su narrativa de Estado social redistributivo mediante apoyos directos a la ciudadanía más vulnerable. También busca posicionarse como una fuerza política capaz de equilibrar responsabilidad económica y sensibilidad social.
Se infiere que este anuncio responde a dos objetivos clave. Por un lado, convertir el presupuesto social en su principal bandera política, al demostrar prioridades claras que apelan al electorado más sensible a la desigualdad. Por otro, enviar un mensaje técnico de control fiscal: sin aumentar impuestos, pero con eficacia recaudatoria y orden financiero, se puede construir un Estado de bienestar robusto.
Será fundamental observar si el Congreso aprueba esta asignación y cómo se ejecuta. Una implementación efectiva —que realmente llegue a las familias sin diluirse en burocracias— puede fortalecer la legitimidad de Morena. Pero si se repiten errores del pasado —fugas presupuestales, simulaciones o saturación de ventanillas— el riesgo político y económico podría ampliar la brecha entre discurso y realidad.
