El reciente Paquete Económico 2026 presenta un giro estratégico en la política fiscal mexicana al incorporar lo que el Gobierno ha denominado «impuestos saludables». Bajo esta nueva visión, productos y servicios asociados a riesgos para la salud física y mental —refrescos, tabaco y videojuegos violentos— ya no son meros generadores de ingresos, sino herramientas de política pública con fines preventivos, sociales y sanitarios.
En el caso de las bebidas azucaradas, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se duplicará, aumentando de aproximadamente 1.65 peso a unos 3.08 pesos por litro, afectando a refrescos regulares, versiones light, polvos, jarabes y otras bebidas saborizadas, incluso aquellas con endulzantes no calóricos. Esta medida responde a una realidad alarmante: México es uno de los mayores consumidores de refrescos del mundo, con un consumo per cápita de alrededor de 166 litros al año. El objetivo es claro: desincentivar su consumo y mitigar enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la obesidad, que ya afectan a más del 76 % de la población adulta.
El tabaco, por su parte, sufrirá un incremento drástico en su gravamen. La tasa ad valorem pasará de 160 % a 200 %, mientras que la cuota específica —un monto fijo por unidad— también se incrementará gradualmente hasta 2030. Además, se incluyen en este esquema productos emergentes como las “bolsas de nicotina”, y los tabacos hechos a mano verán un aumento de la tasa al 32 %. Esta política no solo busca desincentivar el consumo, sino también responder a las graves implicaciones sanitarias asociadas, como enfermedades respiratorias, cáncer y muerte prematura.
La innovación más polémica quizás sea el impuesto del 8 % a los servicios digitales de videojuegos con contenido violento o para adultos, tanto en formatos físicos como digitales. Esta iniciativa surge de estudios que relacionan el consumo excesivo de este tipo de videojuegos con menores niveles de empatía, mayores conductas agresivas y efectos psicológicos como ansiedad o aislamiento, especialmente entre niñas, niños y adolescentes. El objetivo declaradamente no es prohibir, sino fomentar una reflexión crítica del consumidor y promover una mayor participación y supervisión parental.
Estos cambios fiscales están respaldados por el argumento institucional de que los recursos recaudados no se diluirán en el presupuesto general, sino que se destinarán de forma clara a salud pública. Se espera una recaudación combinada de aproximadamente 41 mil millones de pesos, que se canalizarán a un fondo especial para financiar tratamientos y políticas preventivas vinculadas al consumo nocivo. Esta decisión se ha justificado como parte de una estrategia que va más allá de lo meramente fiscal, planteando un presupuesto con enfoque «humanista».
Desde un análisis político, esta propuesta supone una convergencia interesante entre política económica, salud pública y seguridad social. Su éxito dependerá, en buena medida, de su legitimidad social y la percepción colectiva de justicia tributaria. Si bien los sectores privados afectados —como la industria refresquera, tabacalera o de videojuegos— podrían alegar afectaciones al consumo y generación de empleo, el Gobierno apuesta por una narrativa en la que esos mismos consumos representan una carga monetaria y humana que el Estado busca aliviar.
Asimismo, el enfoque plantea interrogantes éticos sobre el rol del Estado como regulador de hábitos de consumo culturalmente arraigados. En el caso de los videojuegos, la medida podría plantear un debate sobre la libertad cultural versus protección infantil, así como sobre la regulación de plataformas digitales de intermediación, que ahora deberán retener impuestos y reportar actividades al SAT.
En conclusión, el Paquete Económico 2026 introduce una transformación en la visión del impuesto como instrumento de salud pública y bienestar colectivo. Su eficacia está condicionada al diseño de políticas complementarias, como campañas educativas, etiquetado claro, acceso a terapias y controles de mercado. El reto es construir una narrativa pública que entienda estos impuestos no como una carga, sino como inversión social y preventiva: una apuesta audaz que redefine los límites entre recaudación fiscal, responsabilidad pública y cultura ciudadana.
