La mañana del 9 de septiembre de 2025 marcó un hito en la infraestructura ferroviaria nacional: se dio el banderazo oficial de inicio de obras del Tren del Norte, en su tramo Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó el arranque vía enlace remoto, mientras en Salinas Victoria, Nuevo León, el gobernador Samuel García encabezó la ceremonia, acompañado por autoridades federales como el secretario Jesús Esteva y el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.
Se inició la construcción del primer tramo, con una extensión de aproximadamente 100 km entre Unión San Javier y Lampazos de Naranjo. Esta sección forma parte del trayecto completo de 396 km entre Saltillo y Nuevo Laredo, por el que se espera transportar a más de 7 millones de personas al año. La infraestructura contemplará vías dedicadas —sin electrificación—, diseñadas para velocidades de 160 a 200 km/h, y contará con pasos vehiculares, viaductos, puentes y drenajes, sumando más de una decena de estructuras clave en esta etapa.
Para el gobierno federal, este proyecto no es aislado: forma parte de un plan ambicioso que aspira a rehabilitar y expandir la red de trenes de pasajeros, hoy limitada a menos del 10 % del sistema ferroviario nacional, e incluirá más de 3 000 km de nuevas rutas como la Ciudad de México-Nuevo Laredo. En este contexto, el Tren del Norte simboliza una recuperación frente a la pérdida de conectividad ferroviaria masiva provocada por políticas neoliberales, que priorizaron el transporte de carga en desmedro del trayecto para personas.
La vocación de este corredor no se limita al sector transporte. Se estima que la obra generará alrededor de 18 000 empleos directos e indirectos, además de detonar derrama económica regional en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El propio gobernador Samuel García enfatizó el valor político y social del proyecto: “es un tren que se había esperado por mucho tiempo”, con gran expectativa por parte de los ciudadanos.
Desde la perspectiva del federalismo, el arranque demuestra coordinación entre niveles de gobierno. La licitación internacional para las siguientes fases —Saltillo-Santa Catarina, Monterrey, y Lampazos-Nuevo Laredo— involucra a la iniciativa privada, con la constructora ICA asignada al tramo inicial. El costo estimado para estas etapas asciende a unos 110 mil millones de pesos y se proyecta que algunas se concluyan antes de 2028.
También hay elementos de sensibilización patrimonial: los proyectos ferroviarios a cargo de esta administración han revelado múltiples sitios arqueológicos (203 solo en diversas rutas), lo que plantea retos y oportunidades para armonizar el desarrollo con la protección del legado histórico.
En síntesis, el arranque del Tren Saltillo-Nuevo Laredo constituye una apuesta estratégica con impactos múltiples: promueve movilidad eficiente, impulsa empleo, dinamiza economías regionales y reactiva una política de conectividad olvidada. Desde una mirada política, representa el avance de una agenda federal con vocación de cohesión territorial y justicia social, capaz de revalorizar el tren de pasajeros como instrumento de desarrollo sustentable y de inclusión, en sintonía con la agenda de la Cuarta Transformación.
