En la administración de Claudia Sheinbaum, el influyente empresario Carlos Slim ha consolidado su presencia en sectores clave de la economía mexicana, especialmente en energía, infraestructura y telecomunicaciones. Esta expansión plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el sector público y privado, así como sobre la concentración de poder en manos de actores económicos.
Slim, a través de su conglomerado Grupo Carso, ha asegurado concesiones estratégicas, como el campo de gas Lakach y el yacimiento petrolero Zama. Además, ha invertido en proyectos hidroeléctricos y gasoductos, consolidando su influencia en el sector energético mexicano. Estas inversiones se han materializado incluso en campos operados por Pemex, la empresa estatal de energía, lo que ha generado cuestionamientos sobre la autonomía del sector público frente a los intereses privados.
La relación entre Sheinbaum y Slim ha sido descrita como cercana y constructiva. La presidenta ha destacado la visión optimista del empresario sobre la economía mexicana y su disposición para colaborar en proyectos de inversión. Por su parte, Slim ha expresado su apoyo al «Plan México», una estrategia del gobierno para fortalecer la economía nacional frente a desafíos externos. Ambos han mantenido reuniones periódicas para discutir temas económicos y de inversión, lo que sugiere una alianza estratégica en la que el sector privado juega un papel protagónico.
Sin embargo, esta estrecha colaboración ha generado preocupaciones sobre la concentración de poder económico y político. La creciente influencia de Slim en sectores estratégicos podría limitar la competencia y favorecer sus intereses empresariales, en detrimento de una distribución equitativa de los recursos y oportunidades.
En conclusión, la relación entre Sheinbaum y Slim refleja una alianza estratégica que busca impulsar la inversión y el desarrollo económico. No obstante, es fundamental garantizar que esta colaboración no derive en una concentración excesiva de poder, asegurando que el sector público mantenga su autonomía y que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de manera justa entre todos los mexicanos.
