Cinco días después de la devastadora explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, familiares de las víctimas denuncian que las empresas responsables, Grupo Tomza y Transportadora Silza, no han brindado apoyo económico ni comunicación directa. El siniestro, ocurrido el 10 de septiembre, ha cobrado la vida de 20 personas y mantiene a 31 hospitalizadas, generando una crisis humanitaria y social en la zona.
A pesar de que las empresas aseguraron que se activarían pólizas para cubrir a las familias afectadas, los testimonios de los familiares indican lo contrario. La hermana de una de las víctimas, Nitzia Díaz, declaró: «No he recibido ni un peso. A mí no se me han acercado ni me han dicho, ‘Vengo de tal empresa’, ni de la aseguradora, ni de nada». Este testimonio evidencia la falta de seguimiento por parte de las compañías y la ausencia de protocolos efectivos de atención a víctimas en situaciones de riesgo industrial.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reveló irregularidades graves: Transportadora Silza no había registrado sus pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental en 2025, y la terminal donde se cargó la pipa no contaba con una póliza vigente, cuya expiración se remonta al 12 de junio de 2025. Aunque la empresa intentó registrar una nueva póliza, la solicitud fue rechazada, lo que expone la vulnerabilidad de la población ante posibles accidentes industriales.
Ante esta situación, los familiares exigen que el Gobierno de la Ciudad de México y las empresas responsables garanticen indemnizaciones justas y atención integral para las víctimas. Además, se plantea la necesidad de reforzar la supervisión de terminales de combustible, exigir el cumplimiento de pólizas de seguro vigentes y establecer protocolos claros de atención inmediata ante accidentes que involucren riesgos químicos o energéticos.
El caso no solo evidencia la negligencia corporativa, sino también la falta de mecanismos de protección efectiva para la ciudadanía frente a industrias de alto riesgo. Mientras se determinan responsabilidades, las familias continúan enfrentando la pérdida, el dolor y la incertidumbre económica, recordando que la seguridad industrial y la rendición de cuentas no pueden ser negociables.
