El vicealmirante Salvador Camargo Vivero, de la Secretaría de Marina, ha recurrido al juicio de amparo para evitar una posible detención derivada de señalamientos por su participación en una red de huachicol fiscal. Esta denuncia involucra la causa penal 305/2025, originada en la carpeta de investigación número FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024, que investiga cargas irregulares de combustibles en embarcaciones bajo administración portuaria en Tampico, Tamaulipas.
Según testimonios de un ex funcionario portuario identificado como HRV, cuando Camargo Vivero fungía como director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, entre febrero de 2024 y febrero de 2025 ingresaron alrededor de 20-23 embarcaciones con registros presuntamente falsos o atípicos de carga, siendo el buque Challenge Procyon el más señalado: transportaba unos 10 millones de litros de diésel declarados como aditivo para aceites, una maniobra típica del huachicol fiscal.
En su defensa, Camargo Vivero afirma que no ha sido formalmente notificado ni vinculado a un proceso judicial, que dejó la dirección de ASIPONA dos meses antes de uno de los incidentes señalados, y que no tiene facultades para regular importaciones de dicho tipo. También ha alegado amenazas a su seguridad, libertad y vida, argumentando que las acusaciones le han generado un clima público hostil.
El amparo fue promovido el 8 de septiembre de 2025, pero el juez ha negado la “suspensión de plano”, es decir, la protección inmediata para evitar la aprehensión, al considerar que los actos denunciados son futuros o inciertos más que inmediatos o ejecutables en ese momento.
Este caso vuelve a colocar sobre la mesa varios problemas estructurales del sistema de justicia y control institucional en México. Primero: la prolongada distancia entre la denuncia mediática o testimonial y la formalización judicial, lo que genera zonas grises donde los señalados pueden operar sin responsabilidades inmediatas. Segundo: el uso del amparo como mecanismo preventivo, que en ocasiones parece diseñado para ganar tiempo, para diluir responsabilidades o para evitar escándalos públicos antes que para buscar verdad o justicia. Tercero: la complicidad institucional potencial, o cuando menos la permisividad, en áreas como aduanas, puertos y puertos marítimos donde la fiscalización ha sido débil o fragmentada.
Además, hay un componente político inevitable: la implicación de un militar de alto rango en presuntos actos de huachicol fiscal ataca un discurso de autoridad, control y honestidad que los poderes públicos han reclamado mantener. A su vez pone a prueba la transparencia y eficacia de instancias como la Fiscalía General de la República y la capacidad de los tribunales federales para actuar sin presiones externas.
Mientras tanto, la inseguridad jurídica crece. Para la ciudadanía se vuelve difícil saber qué esperar: ¿una investigación transparente que culmine en acusaciones formales? ¿Una defensa pública con pruebas? ¿Una rendición de cuentas visible? El escepticismo sobre la impunidad y el favoritismo se intensifica cuando organismos encargados de investigar parecen tropezar en exigencias legales, en tecnicismos procesales o en demoras que alargan el proceso sin resolución clara.
En definitiva, el caso de Salvador Camargo Vivero no solo está lleno de interrogantes individuales, sino que encarna la prueba de fuego para varios engranajes del Estado mexicano: la fiscalización aduanal y portuaria, el papel de la Marina en asuntos de control civil y sanitario, la independencia judicial y la forma en que los amparos se utilizan en asuntos de alto interés público. Si no se despejan pronto las dudas con transparencia, verdad procesal y sanción efectiva si corresponde, la confianza en esas instituciones seguirá fracturada.
