La conversación pública reciente sugiere que lo que parecía solo proposiciones radicales comienza a perfilarse como posibilidades reales en el enfoque de gestión de la Franja de Gaza. Las declaraciones del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, junto con propuestas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntan a una visión conjunta que va más allá de la ofensiva militar: se trata de quién controlará, reconstruirá y, en última instancia, “distribuirá” los territorios y la población una vez terminada la fase activa del conflicto. Esta idea, refrendada de distintas formas por ambos liderazgos, plantea múltiples dilemas legales, humanitarios y políticos.
De acuerdo con fuentes periodísticas, Smotrich ha hablado abiertamente de negociar con EE.UU. “una división del territorio de Gaza”, calificándolo también de “mina de oro inmobiliaria” tras la destrucción que ya ha sido realizada como la primera fase. Trump, por su parte, ha propuesto que Estados Unidos asuma responsabilidad directa en Gaza, no solo en su reconstrucción sino también en su administración, con la visión de transformar el enclave en algo semejante a una “Riviera del Oriente Medio”. Belgrosas propuestas incluyen el desplazamiento temporal —y posiblemente permanente— de una parte significativa de la población palestina hacia países vecinos como Egipto o Jordania.
Este escenario no surge de la nada. Se enmarca en una estrategia más amplia de recomposición territorial, de redefinición de control político y administrativo sobre Gaza, una que podría implicar ocupación efectiva (aunque se use un lenguaje distinto), reasentamientos, y una profunda alteración del orden demográfico. También entraña riesgos enormes: desplazamiento forzado, pérdidas civiles, una crisis humanitaria continuada, y la violación de normas del derecho internacional que prohíben la deportación forzada y la limpieza étnica. Organismos como la ONU han advertido que estas ideas son ilegales, inmorales y responsables de generar más sufrimiento.
Desde el punto de vista político, ¿a quién beneficia semejante proyecto? Claramente a quienes desean un control territorial más absoluto de Israel sobre Gaza, así como una influencia más directa de Estados Unidos en Oriente Próximo. Para Trump, el reparto o la coparticipación en Gaza es una forma de reconfigurar espacios estratégicos clave, mientras que Netanyahu gana legitimidad interna mostrando firmeza frente a Hamas y consolidando las demandas del sector ultranacionalista de su coalición. Pero este tipo de acuerdos no encuentran fácilmente respaldo entre los países árabes vecinos, que rechazan la expulsión de población palestina y ponen límites al traslado masivo como solución.
En lo legal y moral el tema es gravísimo: cualquier desplazamiento forzoso de población vulnerable, cualquier expropiación territorial sin garantías y sin consentimiento, o la imposición de autoridad sobre un pueblo sin participación legítima, chocan contra principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Además, la reconstrucción después de la guerra debe incluir responsabilidades penales, acceso libre humanitario, protección de civiles y la preservación del tejido social que Gaza aún conserva. Pero hasta ahora los discursos públicos contienen muchos vacíos: falta de claridad sobre quién decidirá, cómo se implementará, qué garantías se darán para los derechos fundamentales, y qué papel tendrán los propios gazatíes.
Si este plan — parcialmente admitido por ambos gobiernos— sigue avanzando, la comunidad internacional y los medios deben exigir transparencia, respeto al derecho internacional y, sobre todo, protección de las personas más vulnerables. De lo contrario, lo que se presente como un “reparto” o una “reconstrucción”, podría terminar siendo un nuevo acto de desposesión, y acaso de silenciamiento institucional de quienes quedan con pocas alternativas.
